Denuncia. La Fiscalía indaga a José Pinto porque supuestamente impugnó una resolución del INRA que desfavorecía a su sobrino.
Autoridad: José Manuel Pinto, viceministro de Tierras, es investigado y guarda silencio
Viceministro está envuelto en tráfico de influencias
Indagación: La autoridad impugnó resoluciones del INRA que afectaban a su supuesto familiar.
El Viceministro de Tierras es investigado por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias al haber impugnado una resolución final de saneamiento de tierras del Instituto de Reforma Agraria (INRA) que desfavorecía a Remberto Soto Castellón, supuesto sobrino de la autoridad, de acuerdo con la documentación a la que tuvo acceso La Prensa. Fuentes del Viceministerio manifestaron que la autoridad no se referirá al caso en cuestión.
Según un documento de filiación con que cuenta este medio, el viceministro José Manuel Pinto es tío de Remberto Soto Castellón, quien es hijo de R. S. P., primo hermano de la autoridad.
ANTECEDENTES. De acuerdo con una noticia difundida por El Deber el 24 de abril, el viceministro Pinto impugnó una resolución final de saneamiento del INRA, emitida por el entonces director de la entidad, Juan Carlos Rojas, entre 2009 y 2010, y mediante la cual se saneó el predio Triunfo II a favor de J. J. M. R., de 2.250 hectáreas, pero, según Pinto, dicha resolución “validó actos delictivos incurriendo en delitos contrarios a la Constitución y a las leyes”.
El aparente conflicto es por una sobreposición de derechos entre los predios Triunfo II y III y la propiedad El Paraíso, cuyo titular actual es Remberto Soto Castellón, que supuestamente es familiar de la autoridad.
INVESTIGACIÓN. El 11 de mayo de 2010, Remberto Soto Castellón envió un memorial al entonces director del INRA, Juan Carlos Rojas, pidiendo fotocopias simples de los trámites de saneamiento de los predios denominados Triunfo II, a nombre de J. J. M. R., y Triunfo III, a nombre de R. M. R.
En el documento en cuestión, Soto Castellón argumenta que a principios de abril de 2010 se apersonó a la Dirección Departamental del INRA Santa Cruz para requerir el saneamiento de su propiedad, a la que se denomina El Paraíso, ubicada en el cantón San Juan de la provincia Chiquitos, en el departamento de Santa Cruz.
Sin embargo, señala que “grande fue su sorpresa” cuando se enteró de que J. J. M. R. y R. M. R. pudieron haber realizado trámites de saneamiento de sus respectivos predios, que manifiesta, se “sobreponen en su totalidad a su predio”.
Menos de un mes después, el 1 de junio de 2010, el Viceministro de Tierras envió una carta al director del INRA, Juan Carlos Rojas, en la que solicita “urgente remisión de carpetas y expedientes”, en el plazo de 24 horas, de los predios Triunfo I, Triunfo II y Triunfo III, debido a una “denuncia sobre supuestas irregularidades en el proceso de saneamiento de dichos predios”.
LA DENUNCIA. El pasado 8 de abril, 11 días antes de la destitución de Rojas, el viceministro de Tierras, José Manuel Pinto, interpuso una denuncia en su contra ante la Fiscalía de La Paz.
El argumento expuesto por Pinto señala que de la revisión de los procesos de saneamiento de los predios Triunfo I, Triunfo II, Triunfo III y Triunfo IV, “se evidencian irregularidades en la valoración de las disposiciones agrarias para reconocer derechos propietarios”.
Añade que en agosto de 1991, un juez, mediante sentencia ejecutoriada, dispuso la dotación de tierras fiscales a favor de cuatro personas con una superficie de 9.000 hectáreas, predio que recibió la denominación de El Triunfo.
En 2005 y con base en dicha sentencia, los cuatro propietarios vendieron el predio a L. S. J. y A. M. M. de S., quienes a su vez lo fraccionaron en cuatro partes (Triunfo I, Triunfo II, Triunfo III y Triunfo IV) para su venta a los hermanos M. R.
Empero, Pinto indica que dicha transferencia se hizo por una superficie de 10.000 hectáreas, es decir, mil hectáreas más de las que fueron dotadas originalmente a L. S. J y A. M. M. de S.
Asimismo, afirma que la sentencia emitida por el juez agrario M. T. H. en 1991 y en 2005 es “nula de pleno derecho porque no era parte del Consejo Nacional de Reforma Agraria”.
“Estos aspectos no han sido objeto de revisión, consideración ni valoración por parte de los servidores públicos del INRA, especialmente del director nacional de esa institución, Juan Carlos Rojas Calizaya”.
En ese sentido, Pinto acusó a Rojas de haber cometido los delitos de asociación delictuosa, resoluciones contrarias a la Constitución y falsedad ideológica, entre otros.
La Prensa, Consuelo Espinoza y R. Charca