Justicia cochabambina anula por segunda vez juicio contra Erick Fajardo

El proceso ya había sido anulado por primera vez en marzo de 2010, por la Corte Superior de Distrito de Cochabamba que sentenció la violación del debido proceso en las acciones del Ministerio Público en contra de Manfred Reyes Villa, Erick Fajardo y otros imputados.

image El ex asesor del Consejo Nacional Democrático (CONALDE), Erick Fajardo/ Foto archivo

Redacción Central, 2 Jun. (ANF).- La justicia cochabambina anuló por segunda ocasión, el juicio que le seguía el gobierno al ex asesor del Consejo Nacional Democrático (CONALDE) y ex portavoz de Convergencia Nacional, Erick Fajardo, por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes y daño económico al Estado. La decisión dejaría sin efecto la imputación y la declaratoria de rebeldía que dictó el Ministerio Público para proscribir al analista.



El miércoles, en audiencia conclusiva llevada a cabo en el Juzgado Cuarto de Instrucción cautelar de Cochabamba la juez de la causa Vivian Enriquez, declaró infundadas y sin sustento las acusaciones de la Gobernación de Cochabamba, la imputación y el requerimiento de acusación solicitado por la Fiscalía en contra de Fajardo, que permanece fuera del país y en contra de Hernán Méndez Ponce.

La jueza Enriquez declaró que en más de un año la Fiscalía de Distrito de Cochabamba no pudo sustentar sus acusaciones de daño económico e incumplimiento de deberes y anuló el proceso hasta su raíz. Lo que deja sin efecto la supuesta garantía que la oficialista Gobernación de Cochabamba quería ejecutar a la madre de Fajardo y la intención del gobierno de rematar su casa para costear una operación de captura internacional del estratega opositor.

El proceso ya había sido anulado por primera vez en marzo de 2010, por la Corte Superior de Distrito de Cochabamba que sentenció la violación del debido proceso en las acciones del Ministerio Público en contra de Manfred Reyes Villa, Erick Fajardo y otros imputados. La acusación reelaborada y el juicio fue reabierto por el gobierno en abril de 2010.

El argumento con el que la defensa de los imputados logró esta segunda anulación fue la ausencia de tipicidad en la acusación del fiscal, es decir la ausencia de un delito claramente identificable, y la inaplicabilidad del cargo de tráfico de influencias contra funcionarios de menor rango cuando la máxima autoridad ejecutiva, en este caso el ex prefecto Reyes Villa, fue sobreseído de culpa en este mismo proceso hace varios meses.

Este fallo fue celebrado por diputados de oposición que asistieron a la audiencia conclusiva, entre ellos la diputado Paola Zapata que declaró "regocijo cauteloso", dado que dan por hecho de que el gobierno no se conformará con un fallo adverso y que las acciones de judicialización continuarán.

“Tenemos una enorme alegría interior por que se ha lavado la honra de un importante cuadro de la oposición, pero a la vez tenemos la certeza de que el proceso será reabierto en otro escenario que el gobierno considere más propicio”, señaló.

Pese a que Fajardo renunció a cualquier defensa en la jurisdicción nacional, debido a que su caso fue conocido en instancias de justicia internacionales, su defensor de oficio, Willy Fernández, solicitó a la juez Enriquez una certificación de que quedan sin efecto la declaratoria de rebeldía y la orden de aprehensión dictada contra el analista y ex portavoz de Manfred Reyes Villa.

OFICIALISMO: Del lado del gobierno no se conoció aún una reacción oficial y la Gobernación de Cochabamba, aunque diputados oficialistas anunciaron que este fallo era apenas un traspié en la arremetida jurídica contra Reyes Villa y sus asesores, que aseguraron continuará hasta lograr que los "enemigos del pueblo cochabambino" vayan a la cárcel.

FRAUDE PROCESAL: Desde Oruro el diputado de PPB-Convergencia Nacional, Franz Choque, aseguró que este fallo es otro fundamento para la denuncia que prepara su bancada contra el sistema judicial, dado que se proscribió a un opositor sin existir fundamento real, lo que se constituiría en fraude procesal.

"Es un caso simétrico al de la alcaldesa Rocío Pimentel, en que los fiscales debieron ser separados de la causa por haber cometido fraude procesal, al haber provocado acciones contra la integridad de una autoridad de oposición sin haber fundamentado delito alguno", sostuvo.