Juan Luis Gantier*
El planteamiento consolida una autonomía solo de “fachada”. Lo establecido tanto en la Constitución, en la Ley Marco de Autonomías y últimamente en la Ley de “Clasificación de Impuestos” no abre las posibilidades para una descentralización fiscal, sino que al contrario refuerza el centralismo.
No es nada nuevo que los grandes perdedores en el campo fiscal son los departamentos, cuyos ingresos seguirán dependiendo de las transferencias por regalías, IDH y las que corresponden a las competencias concurrentes de salud y educación. Lo demás, es decir, los hechos imponibles que se consideran en esta nueva ley, son una “pigricia” para incrementar los recursos departamentales.
No es el mismo caso el de los municipios, que reciben recursos de coparticipación de las recaudaciones de impuestos nacionales, tienen recaudaciones propias que en el caso de las alcaldías más grandes corresponden a un 50% de sus ingresos, y por otra parte se han beneficiado de los recortes del IDH que se les han hecho a los departamentos.
El afán descentralizador responde al criterio de que el bienestar será tan o más alto si los niveles de consumo son provistos en cada jurisdicción en vez de serlo en cualquier nivel único uniforme en todas las jurisdicciones, lo que equivale a decir que la inversión será más eficiente y eficaz cuando la autoridad pública responsable de la gestión esté ubicada más cerca o en el mismo lugar de donde se produce la necesidad real que se pretende resolver. El problema es que, hoy como siempre, el grupo de burócratas del gobierno central seguirá tomando las decisiones principales en lo referido al gasto y la inversión.
Los gobiernos departamentales están constreñidos a llevar a cabo obras de importancia secundaria, todo lo contrario de lo que se pretende en un proceso autonómico, donde los actores principales deben ser las autoridades elegidas y las sociedades civiles conformadas por sus organizaciones productivas y sociales.
En lugar de aprobar la ley de “clasificación de impuestos” que consolida las ventajas del gobierno central sobre los departamentos deberíamos establecer “un pacto productivo y fiscal” que estimule el fortalecimiento de la base productiva, el esfuerzo fiscal, amplíe los niveles de recaudación y redistribuya más recursos para superar la pobreza. Todo ello respetando los canales de decisión institucional y eliminando de una vez por todas la discrecionalidad que proviene del poder central, el cual define cómo se invierte y en qué.
*Diputado nacional