Abrieron el caso terrorismo II. Costas y 4 exdirigentes del Comité Cívico de Santa Cruz son acusados de financiar la presunta célula subversiva de Rózsa. Abogados lo ven como “aberración”.
Video soborno: Ignacio Villa Vargas, alias El Viejo, recibe dinero de un funcionario del gobierno boliviano. Foto archivo.
El gobernador cruceño Rubén Costas Aguilera y cuatro exdirigentes del Comité pro-Santa Cruz fueron acusados de financiar la presunta célula subversiva de Eduardo Rózsa, además de una treintena de personas más y serán convocados a una audiencia cautelar a La Paz, en un hecho que ha sido calificado como “aberración jurídica” por los abogados de los imputados.
La fiscal paceña, Mery Gutiérrez Martínez, presentó una querella criminal por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y organización criminal ante la denuncia de oficio que presentará el fiscal Marcelo Soza.
El caso está relacionado con Rózsa, quien junto a dos acompañantes murieron en el hotel Las Américas de Santa Cruz durante un operativo policial el 16 de abril del 2009 acusados de intentar separar Bolivia.
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“Señor juez el presente caso ha sido aperturado de oficio por el Sr. Marcelo Soza emergente de las investigaciones realizadas", dice Gutiérrez a tiempo de pedir el control jurisdiccional de la investigación.
Los presuntos delitos. La fiscal pide procesar a los nuevos imputados por los delitos de organización criminal que establece penas de 2 a 6 años, según el artículo 132 del Código Penal y legitimación de ganancias ilícitas que contempla de 4 a 8 años, según el artículo 185 del mismo cuerpo de leyes.
La demanda fue presentada el pasado lunes en la Corte Superior de Distrito y tras el sorteo el caso radicó en el Juzgado Cuarto de Instrucción Cautelar a cargo de Margot Pérez, la misma juez que tiene en sus manos el llamado caso de “video-soborno” que se encuentra paralizado.
Abogados y xenofobia. Los abogados Gary Prado, defensor de uno de los 39 imputados el caso anterior y Erick Seiffer, defensor del excívico Branko Marinkovic calificaron el hecho como una “aberración jurídica”.
Prado indicó que cualquier principiante sabe que una persona no puede ser procesada por el mismo delito; sin embargo, varios de los nombrados en el caso ‘Terrorismo II" están en el primer caso en el que no se ha podido probar nada.
En los mismos términos coincidió Seiffer al señalar que el caso caerá porque no tiene pies ni cabeza y en ese sentido acusó al fiscal Soza de ser racista y xenofóbico contra Santa Cruz porque da la casualidad que los demandados son casi todos los de la dirigencia cruceña.
Serán convocados a La Paz
La fiscal Mery GutiéRrez presentó la imputación y el caso radicó en un juzgado paceño donde serán convocados a una audiencia cautelar
INVESTIGACIÓN
Toda la cúpula de Santa Cruz en el banquillo
EL GOBERNADOR. Rubén Costas Aguilera y los exaltos dirigentes cívicos Luis Núñez Ribera, Branko Marinkovic, Roberto Gutiérrez Maldonado y Ruth Lozada, esta última asambleísta departamental figuran en la lista.
EMPRESARIOS. También está el presidente del ingenio Guabirá, Mariano Aguilera Tarradelles; Marco Antonio Herrera Sánchez, Svonko Pedro Matkovic Fleig (su hijo está detenido por el caso Rózsa 1), el dueño de la empresa de limpieza Urrutibethy, Horacio Carlos D’Arruda, Asad Daher Gargui.
OTROS. En un tercer grupo están los dos exgerentes del Comité pro-Santa Cruz, Lorgio Balcázar Arroyo y Mario Bruno, el médico Ronny Pedro Colanzi , Fernando Paz Serrano, Óscar Jaime Terceros Suárez, Andrés Chiquie Nacif, Samuel Arciénega Vargas, Jordi Castán, Marioli Rivera Dorado, Germán Hurtado Padilla, Cristina Prado Paz, Rosa María Áñez, Fernando Hebia, Carlos Abel Ulloa, Alfredo Romero Banegas, Luis Hurtado Vaca, Freddy Sánchez Pérez, Alfonso Romero Canido, Juan Carlos Velarde Roca, Enrique Aponte Rivero, Alejandro Melgar, Roberto Justiniano, Alejandro Gelafio Santistevan y Edmundo Faráh.
REACCIONES
‘Por qué no está Carlos Núñez del Prado y los $us 31.500’ preguntan
INTERROGANTES. En Santa Cruz, el cívico, Luis Alberto Áñez, dijo que se trata de una nueva cortina de humo del Gobierno para tapar el narcotráfico en el que anda enterrado y le pidió al fiscal Marcelo Soza que responda ¿Por qué no acusa a Carlos Núñez del Prado que aparece entregando los 31.500 dólares a Ignacio Villa?, y también le cuestiona ¿de dónde salió la plata para financiar el traslado del supuesto periodista con antecedentes por narcotráfico Julio César Alonso y presentado como “testigo clave”? ¿de dónde salió el dinero para traer a Juan Kudelka (otro supuesto testigo) y alojarlo en los mejores hoteles de Buenos Aires?.
El Día, Santa Cruz