Menudo lío el que armó eso de la legalización de los autos chutos. Dice la sabiduría popular que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Lo malo es que cuesta bastante encontrar “buenas intenciones”, si es que existen, para justificar la peregrina idea cuyas consecuencias son todavía un misterio. Tal vez algún día se entiendan los motivos de esa decisión de legalizar el contrabando cuando se enarbolan banderas de lucha contra la corrupción. Mientras tanto, aparecen ya algunos datos que podrían ser indicadores válidos de las consecuencias prácticas de la “legalización” que hará historia, por insólita.
El primero es que se vuelve a hablar de un “gasolinazo”. Al más alto nivel de gobierno ya se planteó la necesidad de abrir un debate sobre el alto costo de la subvención a los combustibles para las finanzas del país. El “hueco fiscal” del tesoro general gira en torno a los mil millones de dólares. De manera gráfica se dijo que la subvención es “una chorrera” de dinero. El Gobierno presupuestó $us 500 millones para la subvención este año. Algunos analistas calculan que se necesitarán 100 más con el aumento de 120.000 vehículos al parque automotor.
Este lío revela también la incapacidad y limitaciones para evitar el contrabando de los servicios de aduana, a los que, como nunca antes, apoyan ahora las Fuerzas Armadas. El ingreso ilegal de más de 100.000 vehículos en tan corto lapso es prueba suficiente de que por nuestras fronteras entra y sale cualquier tipo y cantidad de mercadería con total libertad; o impunidad, tal vez.
Ocurre, además, que la Policía no decomisó ninguno de los más de 5.000 vehículos que fueron reportados como robados en países vecinos y que aparecieron en los registros de la Aduana. Sólo en el caso del Brasil, según datos oficiales, de 9.000 vehículos robados cada año en ese país, llegan a Bolivia unos 2.500, los más lujosos. Y el asunto se vincula con el tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero. Mucho dinero. Sólo como ejercicio matemático, si cada uno de esos 120.000 vehículos costó en promedio 5.000 dólares, todos suman nada más ni nada menos que $us 600 millones.
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Casi como “furgón de cola” de todo el lío, a alguien se le ocurrió también la idea de duplicar el tributo que pagan los vehículos de alta cilindrada, como si todos fueran de lujo, aunque hayan sido importados legalmente y pagado impuestos, según sus características específicas.
Tal vez alguien proponga bajar impuestos a los de menor cilindrada o más antiguos, entre ellos, los chutos. Pero en todo caso, el absurdo serviría de precedente para crear, algún día, escalas de tributación diferentes y discriminadoras para otros bienes.Fuente: www.la-razon.com
