La ONG Prisoners Defenders expuso el marco de violencia sistemática que enfrentan los detenidos por razones de conciencia, muchos de los cuales sufren patologías agravadas por la reclusión
Fuente: infobae.com
El informe mensual de la ONG Prisoners Defenders correspondiente a abril reveló la cifra inédita de 1.260 presos políticos en Cuba, consolidando un nuevo récord absoluto y detallando una escalada represiva que abarca desde torturas y amenazas de muerte hasta agresiones sexuales en prisión.
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El documento subrayó que, solo en el último mes, se sumaron 23 nuevos presos políticos, entre ellos menores de edad, deportistas, artistas y periodistas independientes, al tiempo que incorporó denuncias de violencia sexual orquestada desde la administración penitenciaria y campañas de intimidación contra familiares de opositores.
El escrito, al que tuvo acceso Infobae, destacó el marco de violencia sistemática que enfrentan los detenidos por razones de conciencia, muchos de los cuales sufren patologías agravadas por la reclusión y por la negación de atención médica: 449 presos políticos presentan problemas de salud severos, en tanto que 51 padecen trastornos mentales sin acceso a tratamiento psiquiátrico adecuado.
La lista actual incluye 35 menores de edad represaliados y 142 mujeres encarceladas por motivos políticos, lo que, según la organización, refleja un fenómeno de represión de carácter estructural y transversal.
Un informe de Prisoners Defenders reveló que Cuba registró un récord de 1.260 presos políticos en abril (Imagen Ilustrativa Infobae)
Nuevas detenciones: menores, artistas y familiares de opositores
El informe retrató la intensificación de la represión en abril, resaltando la diversidad de perfiles de los arrestados y el uso recurrente de cargos como “Desórdenes públicos” o “Sabotaje” carentes de garantías legales.
Casos como el de Javier Ernesto Martín Gutiérrez, conocido como “Spiderman” y campeón cubano de artes marciales mixtas, han obtenido notoriedad. Martín fue detenido arbitrariamente tras nueve días de protesta individual en su vivienda y lo mantuvieron incomunicado antes de confirmar su confinamiento en Villa Marista, un centro temido por sus prácticas de tortura. Prisoners Defenders apuntó que las autoridades intentaron desacreditarlo aduciendo trastornos psiquiátricos, lo que fue refutado por un peritaje médico oficial.
El arresto de Andy Michel Osorio Velázquez, instructor de arte en Holguín, evidencia la criminalización de la disidencia a través de detenciones sin pruebas concretas ni proceso formal, mientras que la represión también alcanza a los familiares: el matrimonio Alexeis Serrano Águila y Delis Frómeta Suárez, en Santiago de Cuba, fue detenido tras denunciar públicamente la imposición de una multa superior al doble del salario mensual promedio en la isla (16.000 pesos cubanos). Durante su reclusión, Alexeis sufrió un grave deterioro físico y su esposa quedó en libertad bajo fianza pero bajo amenazas.
La persecución afecta igualmente a sindicalistas como Bárbaro de la Nuez Ramírez, periodistas independientes y familiares de activistas exiliados, en una dinámica donde la vigilancia, el hostigamiento y la criminalización trascienden a los círculos directos de la militancia opositoria.
Jonathan David Muir Burgos
Menores en prisión
Entre los datos más graves, el informe confirmó que 14 menores de edad permanecen encarcelados actualmente por motivos políticos. Cuatro de ellos fueron detenidos en el contexto de las protestas de Morón, Ciego de Ávila, por reclamar servicios básicos como electricidad, agua y alimentos.
El caso del adolescente Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, es paradigmático: fue trasladado a Canaleta, una cárcel de máxima seguridad para adultos, pese a padecer dishidrosis severa y enfermedades inmunológicas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares urgentes al considerar que su vida corre un riesgo grave e irreparable.
Otros menores enfrentan un promedio de cinco años de condena, aunque las peticiones fiscales han llegado hasta 20 años en los casos más extremos.
El informe enfatizó que la presencia de menores en cárceles convencionales viola de forma manifiesta los estándares internacionales, según reconoció el propio Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Dos personas sostienen una pancarta que dice: «En Cuba hay niños presos políticos» (Archivo)
Violencia sexual y represión en las prisiones
El reporte documentó con nombres y fechas recientes una serie de agresiones sexuales como método de castigo sistemático en prisiones cubanas. Un caso estremecedor ocurrió el pasado 26 de abril en la prisión de Guanajay, donde un joven preso político fue víctima de abuso sexual bajo la complicidad —e incluso promoción— de funcionarios penitenciarios y oficiales de la Seguridad del Estado. El principal perpetrador, identificado como el “Gago de San José”, es un recluso común utilizado recurrentemente como instrumento de represalia.
El patrón se repite en distintos centros: en marzo de 2025, autoridades facilitaron el intento de violación contra Julián Manuel Mazola Beltrán por parte del mismo agresor, como represalia por negarse a cooperar con la Seguridad del Estado.
Un hecho similar se denunció en la cárcel de Agüica, Matanzas, donde Onaikel Infante Abreu fue violado en enero durante su encierro en una celda de castigo. La familia recalcó que el acceso al lugar solo es posible con permiso del personal penitenciario.
La disidente Berta Soler recibió amenazas (EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo)
Amenazas de ejecución y escalada de terror
El informe aportó testimonios de presos políticos y familiares que revelan un alarmante aumento de amenazas de muerte: funcionarios penitenciarios advierten explícitamente que, ante una supuesta intervención militar de Estados Unidos, los prisioneros políticos serían ejecutados, lo que ha generado pánico y desprotección.
En la prisión de máxima seguridad Kilo 8 (Camagüey), el preso Daril Ochoa Manrresa relató que un oficial planteó a sus subordinados: “Había que matar a todos los presos políticos, sin excepción”. Otra víctima, Alieski Calderín Acosta, recibió amenazas personales del mayor Leonardo Suárez Rey, quien le dijo: “No te conviene que venga Trump porque te voy a eliminar; esa es la orden que hay”.
En la prisión de Guanajay, tanto Daniel Alfaro Frías como el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara, recibieron advertencias de que serían fusilados con armas de fuego si ocurría una intervención extranjera; mientras que en la cárcel de Holguín, funcionarios advirtieron que serían “los primeros en ser fusilados” en caso de intervención.
Fuera del entorno carcelario, periodistas independientes como Luis Cino y líderes sociales como Berta Soler (Damas de Blanco) también han recibido amenazas, extendiendo el clima de persecución a la sociedad civil y los familiares de los detenidos.
El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, en una marcha en La Habana el pasado 1 de mayo (REUTERS/Norlys Pérez)
El “fraude político” de las excarcelaciones anunciadas
El documento desmontó las recientes excarcelaciones anunciadas por el régimen, calificándolas como «maniobras propagandísticas“. La liberación anunciada de 51 presos en marzo pasado fue, en realidad, limitada: apenas 27 eran presos políticos, el resto comunes; y ninguno recuperó la libertad plena ya que continúan sometidos a prisión domiciliaria y vigilancia estricta bajo amenaza de regreso inminente a una cárcel de máxima severidad si realizan declaraciones públicas o se contactan con opositores.
En abril, la noticia del indulto de 2.010 reclusos fue presentada como un gesto humanitario, pero el análisis de Prisoners Defenders comprueba que no incluyó a ningún preso político. Según el informe, aún persisten 785 presos políticos entre rejas y 475 en arresto domiciliario o bajo condiciones represivas. Los datos confirman que, a pesar de estas liberaciones, “la represión política permanece intacta”.
Policías arrestan a un manifestante en La Habana, Cuba, el 11 de julio de 2021 (AP Foto/Ramón Espinosa/Archivo)
Condiciones legales y clasificación de los prisioneros políticos
El documento ofreció una clasificación rigurosa de las distintas categorías de presos políticos en Cuba: 749 convictos de conciencia (privados de libertad por ejercer derechos fundamentales), 475 condenados de conciencia (sujetos a limitación de libertad bajo medidas arbitrarias) y 36 casos adicionales con sentencias desproporcionadas bajo procesos gravemente viciados.
El total de 1.260 presos políticos en abril incluye 449 personas con enfermedades graves derivadas de malos tratos y condiciones insalubres, así como 51 con trastornos mentales sin tratamiento. Desde el 1 de julio de 2021, más de 2.048 personas han pasado por las cárceles cubanas por motivos políticos.
En cuanto a menores, la organización subrayó que al menos 410 niños y adolescentes son recluidos cada año en centros penitenciarios o “escuelas de formación integral” dependientes del Ministerio del Interior. Incluso el régimen cubano reconoció ante Naciones Unidas la existencia de 35 menores detenidos en la lista actual de Prisoners Defenders.
La ONG concluyó que las negativas cifras y evidencias presentadas ante organismos internacionales como la ONU, la CIDH y el Parlamento Europeo reflejan un patrón de criminalización sistemática de la disidencia política en Cuba, donde la represión no distingue edad, género ni condición social, y en la que el castigo alcanza también a los familiares y al entorno comunitario de los opositores.
