El presidente Evo Morales parece a punto de dar un nuevo giro a la política exterior boliviana respecto a la demanda marítima. Después de dejarse entrampar durante cinco años en la agenda de 13 puntos, funcional a la doctrina bilateralista chilena, el mandatario desató una guerra verbal trasandina en el primer semestre de este año, tal vez con la esperanza de remontar su alicaída popularidad en las encuestas.
Sin haber alcanzado ese objetivo, Morales da ahora señales de buscar un nuevo diálogo con Chile a través de una “llamada telefónica a Piñera”, como él mismo ha adelantado.
Estos bandazos estratégicos son sintomáticos de la carencia de una política marítima coherente y sostenida, y de la sujeción del tema a las necesidades coyunturales del régimen cocalero en materia de política interior.
El primer tiempo en las relaciones Bolivia-Chile estuvo signado por el acercamiento entre Morales y Bachelet, confiando en la afinidad ideológica “socialista” (aunque el término no signifique precisamente lo mismo a uno y otro lado de la cordillera). Fase durante la cual la administración del vecino país parece haber alentado de manera táctica ciertas expectativas de acuerdo, al tiempo que se utilizaba su respaldo al gobierno de Evo Morales como herramienta para comprometerlo.
Esto último se vio claramente en la cumbre de emergencia de Unasur celebrada en Santiago de Chile en septiembre de 2008, en la que se oleó y sacramentó la imposición del Estado de Sitio en Pando y la represión contra los movimientos autonomistas del oriente boliviano.
¿Es creíble que un régimen que dependía de tal modo de un gobierno vecino para su sostenimiento pudiera encarar una política soberana de reclamo y negociación efectiva de la demanda marítima?
El segundo tiempo fue abierto por el presidente Morales, poco tiempo después de su debacle por el gasolinazo. Pesaron también en aquel giro el cambio de signo en el gobierno de Chile, ya con el centroderecha de Sebastián Piñera, y la humillación internacional que significó para la administración evista la captura del general René Sanabria, en la que participaron las fuerzas antinarcóticos chilenas.
Fase caracterizada por un creciente intercambio de dimes y diretes, así como por la judicialización del tema, con el anuncio boliviano de llevar el diferendo al Tribunal Internacional de La Haya.
La debilidad de la estrategia planteada quedó al descubierto días atrás, cuando Bolivia envió a la corte mencionada un pobre documento de apenas once páginas, contra un informe chileno con más de trescientas.
Ahora, la errática política hacia Chile estaría por ingresar a un incierto y nebuloso tercer tiempo, curiosamente en momentos en que también se oferta un mejoramiento de relaciones a Estados Unidos.
¿Acaso se busca detener la difusión de las confesiones de Sanabria apaciguando al “imperio” y su aliado?