Roberto Aguirre Durán – Periodista – El Deber
El anuncio del retiro de Bolivia de la Convención de Viena ha derivado en un duro revés para el Gobierno nacional, que se suma a una serie de acciones que van en dirección opuesta a lo que pregonan los jerarcas que ocupan actualmente el poder y también al discurso de funcionarios de alto rango identificados con el denominado proceso de cambio.
Es que retirarse de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife) supone dar la espalda a la lucha mundial contra el tráfico de drogas. Es un desmarque muy poco conveniente e inoportuno, justo en el momento en que el Gobierno boliviano clama estar en pleno impulso de una supuesta batalla contra la producción y tráfico de la cocaína en el territorio nacional.
De poco o nada sirvió que el viceministro Felipe Cáceres dirigiera una conferencia de prensa para lanzar números con los que intentaba convencer sobre los que considera son logros del MAS en la erradicación de coca excedentaria y destrucción de laboratorios de droga, porque casi en simultáneo la Jife lanzaba la advertencia a Bolivia por su intención de liberarse de aplicar ciertas disposiciones del tratado vigente desde 1961.
Otro tanto ocurre con el indigenismo que se atribuye una parte de los conductores de las riendas del país, pues mientras se clama por la inclusión de los pueblos ancestrales en la toma de decisiones, un gran sector de los pueblos de las tierras bajas hace poco ha reconocido su alejamiento del Gobierno, con la denuncia de que son ignorados en el proceso de plantear leyes y hasta denuncian un trato discriminatorio.
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También hay un discurso de defensa de la Madre Tierra que es criticado por sectores de la población que manifiestan el temor de que parques nacionales y territorios protegidos sean afectados por algunos proyectos como carreteras e hidroeléctricas cuya construcción es impulsada por autoridades del Estado Plurinacional.
En el trato con la prensa se advierte también eso de que del dicho al hecho suele haber mucho trecho, pues a la supuesta libertad de expresión se contraponen unas normas que ponen cortapisas a la labor de la prensa y un ministro acaba de sindicar de opositores a los periodistas.