Carlos Cordero Carrafa
Las múltiples expresiones ciudadanas promoviendo la anulación del voto en las elecciones judiciales de octubre están causando un daño irreparable a la imagen del Gobierno.
Ya no se trata de elegir jueces, sino de aprobar o rechazar la gestión gubernamental. Lo paradójico es que son los voceros gubernamentales quienes están conduciendo la elección de magistrados por ese derrotero, pues día tras día suministran motivos a los ciudadanos para incrementar el malestar y rechazo a las elecciones judiciales.
En este sentido, el error gubernamental es tratar de criminalizar el malestar ciudadano. La elección de magistrados conlleva demasiados inconvenientes como para provocar, además, la respuesta ciudadana bajo la forma de rebeldía.
De manera arrogante, voceros gubernamentales amenazan a los ciudadanos con todo tipo de represalias, sustentadas en variopintas interpretaciones de la Constitución, la Ley del Régimen Electoral y el concepto de campaña. Las amenazas, en lugar de aplacar el malestar ciudadano, lo multiplican. Es que nada irrita tanto al ciudadano como el poder político intentando restringir o limitar derechos.
En las actuales circunstancias, una hábil decisión hubiera sido dejar extinguir la protesta, ignorando las diversas expresiones de rechazo ciudadano. Ocurre que el Gobierno lo tiene todo a su favor y, sin embargo, se empeña en lastimar a los ciudadanos y acorralarlos. La convocatoria a elecciones está hecha; la realización de elecciones está garantizada; la Asamblea Legislativa Plurinacional conserva una sólida mayoría, lo cual le ha permitido aprobar leyes y seleccionar candidatos sin mayores contratiempos; el Tribunal Supremo Electoral, quien debe organizar las elecciones, fue nombrado por el Gobierno; el Estado erogará más de Bs 100 millones en propaganda electoral; con 10 o 100 votos a favor serán elegidos los jueces para los cuatro tribunales, independientemente si existe un millón de votos nulos.
Teniendo todas las cartas a su favor, los voceros gubernamentales afilan cuchillos y lanzan advertencias. Esas señales son entendidas por los ciudadanos como un abuso de poder, que echa sombras sobre los derechos y libertades individuales.
Ante la arrogancia del poder, que amenaza con uno a tres años de cárcel por promover el voto nulo, el malestar ciudadano se expresa con mayor y renovada rebeldía.
El ciudadano se siente desafiado, y en similares circunstancias se ha impuesto el indignado, el amenazado, el individuo, sobre aquellos que circunstancialmente detentan el poder.
El malestar ciudadano, provocado por los voceros gubernamentales, aún perdiendo las elecciones, ha obtenido un triunfo sobre la imagen y popularidad del Gobierno, a quien ha derrotado antes de las elecciones judiciales. Pues si bien serán elegidos los jueces, no tendrán orgullo ni legitimidad que exhibir.
La Prensa – La Paz