Radio noticias. En las siguientes horas se notificará al gobernador del departamento de Santa Cruz Rubén Costas con la acusación formal que presentó el Ministerio Público en su contra por desacato.
Según el abogado Moisés Ponce de León, defensa de Sosa, que investigó el caso terrorismo y alzamiento armado en Bolivia, tras la acusación formal se debe esperar la audiencia conclusiva para posteriormente iniciar el juicio.
‘En ningún momento podemos hablar de tinte político, lo que se está haciendo es un proceso normal, ordinario, común y corriente. El señor Costas ha ofendido en su dignidad a un fiscal de Materia, no hablaremos de un nombre en especial, estamos hablando de una autoridad que representa al Ministerio Público del Estado Plurinacional de Bolivia, lo ha ofendido, lo ha insultado y hasta lo ha amenazado. Lo que se está pidiendo es que se aplique la norma legal, y la norma legal es concreto y dice que cuando se ofende, se mella la dignidad, se calumnia o se injuria a una autoridad que está legalmente constituida se incurre en el delito penal de desacato’, indicó.
Ponce de León no quiso referirse sobre la petición de suspensión de cargo tras la existencia de la acusación formal como refiere la Ley 007 de Modificación al Código de Procedimiento Penal.
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‘Todavía existen diferentes situaciones legales que se tienen que tramitar para que se pueda hablar de una suspensión’, aseveró. (Fides)
Pide a Asamblea Legislativa proceder a suspensión de gobernador Costas, fiscal Sosa dice que se busca sentar precedente para que no se melle la dignidad de las personas
El fiscal Marcelo Sosa, quien estuvo a cargo de las investigaciones del caso terrorismo y alzamiento armado en Bolivia, ha señalado que la Asamblea Legislativa Departamental debe hacer cumplir las normas y las leyes que existen en el país, toda vez que una autoridad que tiene en su contra una acusación formal debe ser suspendida en el cargo, manifestó.
‘Evidentemente ya ha salido la acusación contra el señor Rubén Costas por el delito de desacato, teniendo en cuenta que este ciudadano haciendo mal uso del derecho a la libre opinión que tiene a difamado y a calumniado a mi persona. Con este antecedente lo que corresponde, está en manos de mi abogado, tramitar la suspensión o no teniendo una acusación. Toda persona que tenga una acusación y siendo funcionario público, eso es lo que manda la Constitución y ésta hay que cumplirla, al señor Rubén Costas nadie le ha obligado a que insulte a las personas, y esas son las consecuencias cuando hace mal uso del derecho a la libre opinión que uno tiene’, indicó. (FIdes)