Ejecutivo emitió este documento el 5 de agosto de 2010 porque sabe que la construcción de la carretera ocasionará “plantación de coca” en las zonas de influencia del proyecto.
Indígenas aseguran que Gobierno de Evo firmó un acuerdo preparatorio hacia REDD y hay financiamiento de $us 4,7 millones y justifican su pedido de “reconocimiento” a recibir “compensación”.
Página Siete, Marco Zelaya / La Paz
Prevén en licencia ambiental el ingreso de cocaleros al TIPNIS
El Poder Ejecutivo emitió este documento el 5 de agosto de 2010.
ConsecuencIas. El Gobierno sabe que la construcción de la carretera ocasionará actividades de “plantación y cultivo de coca” en las zonas de influencia del proyecto.
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En la carta de consideraciones de la emisión de licencia ambiental para el tramo I de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, el Gobierno prevé el ingreso de cocaleros al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), ante lo cual la viceministra de Medio Ambiente, Cynthia Silva Maturana, sugiere tomar medidas de prevención.
En el documento oficial, al que tuvo acceso Página Siete, Silva afirma que la construcción del tramo I, de Villa Tunari a Isinuta, tendrá influencia directa en el “tramo 2: Isinuta-Monte Grande del Apere”, en lo que se refiere al llamado “futuro inducido dentro del TIPNIS”, es decir, “ el desarrollo o crecimiento de actividades paralelas o conexas a un proyecto, obra o actividad, que puede generar efectos positivos o negativos” en el interior del área protegida.
El documento plantea que se tomen medidas preventivas, por tanto, para atenuar el crecimiento o desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto carretero “previamente a la intervención en este segundo tramo y de forma paralela a la ejecución del tramo I”.
En el entendido de que las actividades vinculadas con la apertura de la vía afectarán al TIPNIS, se demanda la “elaboración de norma específica para tratar el tema de posibles asentamientos de colonos y sus actividades productivas (plantación y cultivo de coca)”.
Es decir, la elaboración de una norma que se refiera específicamente a la regulación de los asentamientos de cocaleros tras la apertura de la vía por el TIPNIS.
A fines de julio de 2010, de acuerdo con ANF, el entonces viceministro de Medio Ambiente, Juan Pablo Ramos, renunció a su cargo y adujo razones personales, aunque trascendió -como asegura también la agencia de noticias- que se alejó debido a sus observaciones “al proyecto carretero Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que pasa el Parque Isiboro Sécure”.
La reveladora carta que confirma que el Gobierno no desconoce que los cocaleros ingresarán al TIPNIS, a raíz de la construcción de la polémica carretera, está firmada por la funcionaria que reemplazó en el cargo a Ramos en ese cargo, Cynthia Silva.
El documento fue rubricado por la flamante viceministra Silva el 5 de agosto, es decir, apenas unos días después de la renuncia de Ramos.
En las tratativas con los indígenas, la viceministra Silva declaró que el impacto del tramo II de la ruta será mínimo. El Gobierno, además, prometió una ley para evitar los asentamientos en el TIPNIS.
Aseguran que Gobierno firmó un acuerdo preparatorio hacia REDD
CIDOB y Conamaq dicen que hay financiamiento de $us 4,7 millones.
Pedido. Indígenas justifican que su pedido de “reconocimiento” a recibir “compensación” es para contar con recursos para planes de desarrollo de sus territorios.
Los indígenas cuando comenzó la marcha desde Trinidad.
Página Siete / La Paz – 08/09/2011
Indígenas cuestionan que el Gobierno les critique por pedir el reconocimiento a su derecho a recibir “compensación” por “la mitigación de gases de efecto invernadero” que cumplen sus territorios, debido a que -sostienen- el Ejecutivo firmó un convenio con Naciones Unidas para implementar un programa que apunta a preparar a Bolivia en ese sentido.
El pasado domingo, el canciller David Choquehuanca dijo que es contradictorio que la marcha por el TIPNIS pida “proteger a la Madre Tierra” y al mismo tiempo participar en el mecanismo de Reducción de Emisiones por la Deforestación y Degradación de Bosques (REDD) y Fondo Verde, que significan la “mercantilización” de los bosques.
No obstante, Nelly Romero, vicepresidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, y Rafael Quispe, mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasusyu, coinciden en señalar que el Gobierno firmó un acuerdo con UNREDD, que es el programa de colaboración de las NNUU de reducción de las emisiones por deforestación y la degradación forestal.
“Ese acuerdo es un recurso para preparar proyectos piloto, que puedan funcionar una vez sea aprobado ese documento final de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, dijo Quispe.
Ambos explican que su demanda surge porque quieren “ser partícipes” de los recursos del “financiamiento” dado por UNREDD, a raíz de ese acuerdo, que -sostienen- asciende a 4,7 millones de dólares.
Según el documento del Programa Nacional Conjunto – Bolivia, colgado en el sitio web del UNREDD, “varias barreras que impiden la implementación del mecanismo REDD en Bolivia han sido identificadas. El Programa Nacional Conjunto UNREDD apoyará a Bolivia en sus esfuerzos para superar estas barreras y asegurar que el país esté preparado para REDD+”.
Para alcanzar ese objetivo “el programa apoyará el desarrollo de capacidades a nivel nacional y local”, con una serie de actividades e iniciativas hasta 2013.
Marcos Nordgren, del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, explica que la firma de ese convenio establece “una fase preparatoria” y “las primeras etapas de posibles proyectos REDD piloto o modelo”.
Aunque considera que “si bien el Gobierno no hizo ningún compromiso sobre mercados de carbono, sí se suma a una iniciativa que tiene la perspectiva de abrir los mercados de carbono para los bosques”.
Explica que REDD es una “herramienta” diseñada para frenar los niveles de deforestación a través de incentivos, pero que aún está en discusión la forma de financiamiento, aunque la “visión” que pesa es la de hacerlo a través de “bonos de carbono”.
REDD y Fondo Verde
REDD. Es una herramienta que ayudaría a disminuir los niveles de deforestación y degradación de los bosques a cambio de incentivos y/o compensaciones.
Incompleto. No está finalizado y aún se discute aspectos como la forma de su financiamiento, aunque la visión que se impone es la venta de bonos de carbono.
Fondo Verde. Es una iniciativa que se lanza en Cancún en 2010, sería como un fondo que canalice recursos para el financiamiento de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Falta definición. Se está discutiendo y aún se debe definir su forma de funcionamiento. Se prevé que eso se decida en Durban, a finales de este año.
Canciller dice que REDD premia a quienes destrozan la naturaleza
El canciller David Choquehuanca considera que el mecanismo de Reducción de Emisiones por la Deforestación y Degradación de Bosques (REDD) y el Fondo Verde premian a los países que destruyen sus bosques, por tanto, criticó a los marchistas por incluir en su pliego el “participar” en ellos.
“Este es un mecanismo perverso que premia (o sea REDD, este Fondo Verde) al que destruye los bosques, porque le ofrece plata para que lo deje de hacer, pero al que siempre conserva el bosque no le da nada”, sostuvo el pasado domingo a los medios estatales.
Cuestionó que los marchistas digan que defienden al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboru Sécure y al mismo tiempo pidan “la mercantilización del TIPNIS a través de REDD”, ya que “solicitar la participación de REDD es aceptar la mercantilización de la Pachamama”.
El canciller aseguró que los indígenas no son de la “cultura de vender nuestros bosques”, ni de destruir la naturaleza.
Más bien pidió a los marchistas “revisar su pliego” porque tiene muchas contradicciones. Aseguró que el mecanismo REDD está promovido por ONG y gobiernos de países desarrollados “para mercantilizar a nuestra Madre Tierra”.
Marcos Nordgren, especialista en cambio climático, sostuvo que “lo que está en la plataforma de demandas ahora de la marcha no es la comercialización del bosque, sino el pedido para acceder a financiamiento para realizar los programas territoriales indígenas o de gestión integral del bosque”.
Los indígenas demandan en el cuarto punto de su pliego de 16 demandas: “Tema cambio climático, Fondo Verde y REDD”, que el “Gobierno reconozca nuestro derecho a recibir directamente la retribución (pago) por compensación por la mitigación de gases de efecto invernadero que cumplen nuestros territorios (servicios ambientales)”.