En 30 días informarán si hay o no indicios para iniciar un juicio especial. Contrataque: El MAS hace una demostración de fuerza en dos regiones y Evo dijo que los marchistas indígenas intentan boicotear la elección judicial.
MARCHA. Militantes del MAS en su movilización en las calles de La Paz ayer por la mañana.
Por Pavel Alarcón – La Prensa – 1/10/2011
La Fiscalía investiga al Presidente por represión
El MAS intentó hacer una demostración de fuerza en dos regiones. El Jefe del Estado dijo que los marchistas intentan boicotear la elección judicial.
El fiscal general del Estado, Mario Uribe, confirmó anoche que abrió una investigación contra el presidente Evo Morales por la comisión de los presuntos delitos de genocidio y violación de los derechos humanos a causa de la represión ejercida contra los indígenas el pasado domingo en proximidades de Yucumo.
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En declaraciones ofrecidas desde la ciudad de Sucre, Uribe admitió que se aceptó una proposición acusatoria planteada por los asambleístas opositores Tomás Monasterios, de Santa Cruz, y Carmen Eva Gonzales, de Pando.
Uribe explicó que “hemos anunciado ante la Corte Suprema que la Fiscalía General, específicamente el suscrito Fiscal General, dará inicio al proceso investigativo. En definitiva, este proceso ha de ser llevado por cuerda separada porque se trata de un proceso de privilegio constitucional”.
La autoridad se refïrió a la investigación que se realiza en el lugar y que tiene la finalidad de establecer responsabilidades por los hechos de violencia.
Ataque a la marcha. El viernes, desde varios frentes, el oficialismo acusó a la movilización de tener el objetivo de hacer fracasar las elecciones judiciales.
En un acto cumplido en Tacopaya, Cochabamba, Evo Morales dijo que “el plan había sido perjudicar la elección del Órgano Judicial, después llegar a La Paz los marchistas en los días de la elección, y como hay sentimiento de respaldar la marcha, pedir otra vez revocatorio al Presidente y Vicepresidente, como algunos dirigentes ya lanzaron en algunos departamentos. Ya empezaron a panfletear”.
Las afirmaciones del Primer Mandatario tuvieron eco inmediato en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), cuyo secretario ejecutivo, Roberto Coraite, afirmó que la marcha indígena atenta contra la democracia.
Los campesinos, sostuvo, “nos movilizaremos el 12 de octubre en La Paz para defender el proceso democrático”. Ayer una poco numerosa marcha de los afiliados a la Federación Campesina de La Paz fue rechiflada en la ciudad, en tanto que los cívicos de San Ignacio de Moxos organizaron una movilización en esa población beniana en favor de la construcción de la carretera.
Ambas medidas tuvieron poca fuerza, aunque los masistas anuncian una gran movilización para el miércoles 12 en La Paz.
Contramarcha. Gustavo Aliaga, dirigente colonizador, anunció la medida que ya fue aprobada por sus bases.
La frase
“Un compañero me dijo que esta marcha, desde un primer momento está orientada a perjudicar y hacer fracasar las elecciones del 16 de octubre de este año; yo recién me estoy dando cuenta”.
Evo Morales / PRESIDENTE DEL ESTADO
ACUSACIONES A LA MARCHA
El Gobierno y los movimientos sociales acusaron a los indígenas de tierras bajas en varias oportunidades y con varios argumentos.
MADERA
La marcha es financiada por los madereros que quieren explotar el TIPNIS. Los dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia trafican con madera.
GANADEROS
Los indígenas quieren deforestar parte del área protegida para convertirla en zona de engorde
de ganado.
OENEGÉS
Las oenegés ayudan a la marcha como forma de oposición al Gobierno. Quieren administrar el TIPNIS sin intervención
del Estado.
EMBAJADA
La Embajada de Estados Unidos está detrás de esta marcha, pues sus dirigentes hablaron por teléfono con diplomáticos de ese país.
Fiscalía investigará a Evo por violencia contra indígenas
Decisión. En 30 días informarán si hay o no indicios para iniciar un juicio especial.
La Razón – Yubert Donoso
El fiscal general, Mario Uribe, informó que iniciarán una investigación en contra del presidente Evo Morales por la intervención policial a la marcha indígena en Yucumo. Dos diputados de oposición presentaron la demanda por el delito de genocidio.
“Mi autoridad ha hecho el análisis de la proposición acusatoria, la hemos admitido y hemos anunciado ante la Corte Suprema de Justicia el hecho de que el suscrito fiscal va a dar inicio al proceso investigativo”, explicó la autoridad.
La proposición acusatoria o pedido de juicio de responsabilidades fue presentada el miércoles por la senadora Carmen Eva Gonzales y el diputado Tomás Monasterios, a nombre de la opositora bancada legislativa de Convergencia Nacional (CN).
Monasterios explicó que plantearon la demanda penal por el delito de genocidio. Esta figura legal —dijo— se acomoda a lo ocurrido en Yucumo, cuando la Policía intervino con violencia la marcha indígena, sometiendo a golpes y amordazando y maniatando con cinta adhesiva a indígenas.
“El propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso, diera muerte o causare lesiones de inhumana subsistencia, o les impusiere medidas destinadas a impedir su reproducción, o realizare con violencia el desplazamiento de niños o adultos hacia otros grupos, será sancionado con presidio de 10 a 20 años”, sostuvo Monasterios.
La Ley 044 de Juzgamiento a Altas Autoridades refiere que el Fiscal del Estado, “en base a la proposición recibida y con los antecedentes que pudiera acumular, en el plazo máximo de 30 días hábiles, deberá formular el requerimiento acusatorio o, en su caso, el rechazo de la proposición acusatoria dictaminando el archivo de obrados por falta de tipicidad y de materia justiciable”. Uribe indicó que el admitir la demanda implica que empezó el proceso penal correspondiente y que corre el plazo de 30 días para indagar y tomar una decisión.
Si la pesquisa encuentra materia justiciable para iniciar el juicio de responsabilidades, el hoy Tribunal Supremo de Justicia deberá solicitar a la Asamblea Legislativa la respectiva autorización. Los legisladores, por dos tercios de voto, deberán autorizar el inicio del juicio al Presidente. “Este proceso va a ser llevado por cuerda separada porque se trata de un proceso de privilegio constitucional, previsto en la Constitución Política del Estado”, señaló Uribe en relación al proceso iniciado de oficio para indagar y establecer responsabilidades sobre lo ocurrido en Yucumo.
El jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, también presentó una demanda contra el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti; el exviceministro de Gobierno, Marcos Farfán; el comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban; y los generales Óscar Núñez, Edwin Foronda y el coronel Víctor Santos.