Con la sentencia en mano, abogados de las víctimas irán a EEUU para que ese país viabilice la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
A finales de octubre se emitirá la resolución final para trámites posteriores.
Con la sentencia del 30 de agosto en contra de cinco exjefes militares del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que ratifica que ese año existió una masacre, las víctimas, familiares y heridos irán a Estados Unidos para que ese país viabilice la extradición del exmandatario.
Ésa es la premisa que manejan los abogados de la Asociación de Heridos-Afectados de Septiembre y Octubre del 2003 por la Defensa de los Recursos Naturales (AHASOC-RN) y la Asociación de Familiares y Víctimas de Septiembre y Octubre del 2003.
Los generales de las Fuerzas Armadas Roberto Claros Flores y Juan Véliz Herrera fueron condenados a 15 años y seis meses de reclusión, José Quiroga Mendoza y Luis Alberto Aranda Granados a 11 años; y Gonzalo Rocabado a 10 años de presidio.
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“Sin duda esta sentencia también debe ser valorada por las autoridades de los países de quienes estamos requiriendo la extradición, tanto a los Estados Unidos como a Perú, porque hasta antes de la sentencia los acusados siempre dijeron que eran perseguidos políticos y quedó demostrado que no es así”, sostiene Rogelio Mayta, abogado de las víctimas del 2003.
Por su lado, Freddy Ávalos, de la AHASOC-RN, va mucho más allá. “Está demostrado que cometieron delitos de lesa humanidad y genocidio. Ese argumento se les cayó; les demostramos que fue una masacre. Los han sentenciado como culpables por genocidio y ahora debemos ir por Goni”.
Campaña
Pero, ¿cómo se viabiliza aquello? Mayta cree que este nuevo elemento jurídico debe ser valorado por las autoridades de Estados Unidos y Perú. “No para condenarlo, porque eso no les corresponde, sino para que tengan por acreditado que se justifica la necesidad de llevar adelante un proceso en Bolivia a estas exautoridades; por ello deben ser extraditadas”.
El abogado afirma que paralelamente se debe llevar adelante una campaña de socialización para que la población civil de Estados Unidos se informe sobre los delitos por los que es acusado Sánchez de Lozada.
El martes 4 de octubre terminó de leerse la sentencia en Sucre y se estima que para fines de octubre las dos asociaciones puedan tener en sus manos el fallo final emitido por el Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, con las enmiendas y complementaciones. “Después se emitirá una resolución que va a formar parte de la sentencia. Este conjunto de información lo llevaremos a Estados Unidos y Perú para que sea de conocimiento de sus autoridades”.
No obstante, Mayta y Dávalos temen que posteriormente la traba política en Estados Unidos impida la extradición de Sánchez de Lozada. “Si no se tiene una resolución por parte de las autoridades de Estados Unidos, no es por falta de información, es por falta de voluntad política de ese Gobierno”, aclara Mayta.
Dávalos expresa, no obstante, una nueva preocupación. “Ahora sólo esperamos que Sánchez de Lozada no tenga doble nacionalidad. Esa sería la única dificultad”.
Con la sentencia, se formará una comisión para que a través de la Cancillería se tramite la extradición del exjefe de Estado y de otros exministros residentes en Estados Unidos, Perú y España.
Demandan una renta vitalicia
Algunos familiares y víctimas de la “masacre de octubre” del 2003 no renuncian al pago de una renta vitalicia. “Yo no puedo trabajar con esta herida, por eso deberían pagarnos una renta vitalicia”, reclama Guillermo Calle, herido en la clavícula izquierda.
Genaro Quisbert, en muletas debido a una bala que le destrozó la pierna derecha, dice: “Somos como los beneméritos y merecemos una renta”.
Sobre el tema, el abogado de las víctimas, Rogelio Mayta, da cuenta que el 2008 se hizo un resarcimiento económico según la gravedad de las heridas. El pago correspondió a la Ley 3955, del 6 de noviembre del 2008, y se hizo, según el viceministro de Justicia, Nelson Cox, tras una valoración médica con el Ministerio de Salud. “El Congreso autorizó esa vez el pago excepcional a los afectados. Ellos no se opusieron y tampoco pidieron una renta vitalicia”.
Ochenta personas recibieron el pago por fallecimientos y otras 230 por heridas, entre Bs 3.250, Bs 110.000 y Bs 160.000.
LOS OTROS EXMINISTROS ESTÁN FUERA
En Estados Unidos también se encuentran los exministros Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Berindoague y Guido Áñez.
Mientras que en Perú se hallan Mirtha Quevedo, Jorge Torres Obleas y Javier Torres Goitia. En tanto, en España se halla Hugo Carvajal.
Las asociaciones de las Víctimas de Octubre viajarán a estos países para que sus autoridades los puedan extraditar con el fin de que sean sometidos a procesos por delitos de lesa humanidad y genocidio cometidos en octubre del 2003.
La Razón – Jorge Quispe – La Paz