Los 34 pueblos originarios de tierras bajas acaban de declarar a Evo Morales “enemigo de los indígenas”, a raíz de la insistencia del mandatario en la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, desconociendo lo acordado ante los marchistas en la ciudad de La Paz.
De esta manera, caen los últimos restos de la máscara indigenista del régimen cocalero, que ahora muestra al mundo su verdadero rostro: el de un gobierno creado para defender los intereses de los cultivadores de coca-para-cocaína, aún a costa del hábitat de otras poblaciones y de la ecología de todo el país.
La declaratoria fue dispuesta por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) a través de una resolución, donde se declaran “en vigilia permanente por la defensa del TIPNIS, los territorios, la vida, dignidad y derechos de las naciones originarias”.
La CIDOB también denuncia que el gobierno central incita a los cocaleros y “colonizadores” (un desdoblamiento de los primeros) para que desmonten el corazón del TIPNIS, abriendo por la fuerza el tramo II del polémico proyecto vial.
Una vez más, el gobierno de Evo Morales empuja a Bolivia hacia nuevos escenarios de confrontación, sólo que ahora lo hace a costa de sus últimos residuos de imagen internacional…
YPFB: ¿estorban los indios?
En consonancia con la nueva ferocidad desarrollista gubernamental, el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, acusó a la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Tacobo Mora de “obstaculizar la industrialización del gas”.
Esto, porque la mencionada entidad indígena cometió el pecado de presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional, al estar en desacuerdo con la forma en que se realizó la titulación de tierras vinculadas a una planta separadora de líquidos.
Parece que a la “nueva fase del proceso de cambio”, que apuesta por un supuesto “industrialismo de Estado”, le estorban los indios…
Militares en alerta roja
Durante seis años, la administración evista ha puesto en marcha una sistemática política de desinstitucionalización de las Fuerzas Armadas, sometiéndolas a alineamiento político-ideológico y abriendo, por lo tanto, las puertas a la deliberación en los sectores castrenses.
Fruto de ese boomerang y de un aparente abuso administrativo, más de 70 suboficiales se han declarado en alerta roja y piden la renuncia del Comandante del Ejército, general Antonio Cueto, al que acusan de darlos de baja irregularmente.
Síntomas de un creciente descontento en la institución armada…