Fiscalía señala que general Muñoz dio la orden de intervención a marcha indígena

El Ministerio Público acusa al general de la comisión de los delitos de desaparición forzada de personas, privación de libertad, vejaciones, torturas y lesiones graves.

FISCALÍA SEÑALA QUE MUÑOZ DIO LA ORDEN PARA LA INTERVENCIÓN

El Ministerio Público estableció que el suspendido subcomandante de la Policía, general Óscar Muñoz, dio la orden para intervenir la marcha indígena, por lo que lo acusan de la comisión de delitos penales como desaparición forzada de personas, vejaciones y torturas.



image Represión. Policías en la intervención a la marcha indígena, el 25 de septiembre en Yucumo, Beni.

La Razón

La conclusión está contenida en la imputación fiscal presentada el 9 de noviembre en la audiencia de medidas cautelares de Muñoz. En la audiencia, el juez Ricardo Maldonado ordenó  la detención domiciliaria para el acusado, quien comandó el operativo del 25 de septiembre en Yucumo, Beni.

En el documento, al que tuvo acceso La Razón, se explica que la Fiscalía identificó al suspendido subcomandante como autor de la orden de intervención, a partir de las declaraciones del coronel Óscar Chávez, que formó parte del operativo, y del propio acusado.

“El general Muñoz Colodro en primera instancia ha ordenado una intervención o desplazamiento de los marchistas del TIPNIS con aproximadamente 420 elementos policiales, y en mérito a esa orden, funcionarios policiales vejaron a niños, mujeres y ancianos”, revela la imputación presentada por el fiscal Marco Antonio Vargas, quien dejó el caso por una recusación presentada por la defensa de la suspendida autoridad policial.

Operativo. El 25 de septiembre, un contingente policial reprimió la marcha indígena en Yucumo; golpearon, maniataron y amordazaron con cinta adhesiva a marchistas. “De manera violenta desplazaron a los marchistas (…) hacia supuestamente su lugar de origen, en contra de su voluntad. Asimismo, de las pruebas que se logró colectar dentro de la presente investigación, se puede establecer que más de 60 marchistas del TIPNIS entre niños, mujeres, embarazadas y ancianos sufrieron lesiones graves y  leves, agresiones físicas, vejaciones, torturas e inclusive les privaron de su libertad por parte de miembros de la Policía”, establece la imputación.

Vargas acusó a Muñoz por la comisión de los delitos de desaparición forzada de personas, privación de libertad, vejaciones, torturas, y lesiones graves y leves.  Hizo notar que como entre las víctimas están niñas, niños y adolescentes, la pena se agravaría de 5 a 10 años de cárcel.

Vargas evitó ayer dar mayores detalles sobre la investigación que realizó hasta el momento en que fue recusado. No obstante, en la audiencia cautelar del acusado señaló: “De los documentos de respaldo que se adjuntan en el cuaderno de investigaciones (…) se puede establecer que el general Óscar Muñoz fue quien estaba a cargo de las operaciones y participó directamente (…) sin medir la vulneración de derechos humanos causados (…) maniatarlos con masquín y trasladarlos a la fuerza, en contra de su voluntad hacia Trinidad”.

El ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, suspendió el 6 de octubre al general de su cargo de subcomandante de la Policía, para que asuma su defensa. El acusado, en su descargo, informó a la Fiscalía que recibió la orden de intervención del Ministerio de Gobierno, 15 minutos antes del operativo

El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, renunció dos días después del operativo y afirmó que el también renunciante viceministro de Gobierno, Marcos Farfán, fue autor de la orden de intervención. Farfán lo negó.

El exviceministro en parte de su declaración ante la Fiscalía, a la cual tuvo acceso La Razón, reveló que no había el requerimiento fiscal para la intervención. Sostiene que la orden pudo provenir de Llorenti o de una decisión propia del general Muñoz, a quien acusó de haber instruido el uso de cinta adhesiva en el operativo.

Héctor Tapia, abogado de Muñoz, evitó ayer identificar a la persona que habría instruido la intervención desde el Ministerio de Gobierno. “Me pidió que no me refiera a ese tema”, dijo.

Dirigente del TIPNIS en denuncia

Querella

La Fiscalía investiga el caso a partir de la denuncia del jefe del MSM, Juan del Granado, que pone como querellante a Fernando Vargas, presidente de la subcentral TIPNIS.

La Fiscalía no descarta careo en el caso Yucumo

El fiscal José Ponce no descartó la posibilidad de un careo entre el exministro de Gobierno  Sacha Llorenti y el exviceministro de Gobierno Marcos Farfán para esclarecer las contradicciones y avanzar en identificar a quién dio la orden para la intervención policial a la marcha indígena.

Llorenti afirmó que el que dio la orden fue Farfán, quien, por su parte, rechazó la acusación y señaló en su declaración ante la Fiscalía dos hipótesis: “O el general Óscar Muñoz (quien comandó el operativo del 25 de septiembre en Yucumo, Beni) toma una decisión propia o recibe órdenes del Ministerio de Gobierno…”.

Ante esta situación, el ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, sugirió el lunes un careo (aclarar aspectos contradictorios) entre ambas exautoridades.  Ponce, quien investigará el caso en reemplazo del recusado Marco Antonio Vargas, no descartó ayer el careo.

“Existen diversas actividades investigativas previstas en la ley, y el careo es una de esas actividades, sin embargo, aún no he revisado el cuaderno, hay que hacer un estudio”, explicó el fiscal.

Entregan el plan de operaciones

El ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, informó ayer que entregó a la Fiscalía el plan de operaciones que fue ejecutado el 25 de septiembre, día de la intervención policial a la marcha indígena en Yucumo. La ministra de Justicia, Nilda Copa, por su lado, negó que el Gobierno haya solicitado la intervención a la movilización.

El plan de operaciones fue entregado a requerimiento del ahora fiscal alejado del caso, Marco Antonio Vargas. “Todo está a disposición de la Fiscalía”, afirmó Chávez, reportó Erbol. El fiscal recientemente asignado al caso, José Ángel Ponce Rivas, indicó que está revisando el cuaderno de investigaciones para establecer los pasos legales que seguirá en procura de esclarecer los niveles de responsabilidad sobre lo sucedido el 25 de septiembre en Yucumo.

La ministra Copa, por su parte, afirmó que ninguna autoridad del Gobierno requirió a la Fiscalía la intervención a la movilización en defensa del TIPNIS. “En ningún momento el tema se trató en gabinete”.

Recordó que, efectivamente, presentaron una denuncia, pero para investigar los hechos que derivaron en la toma de rehén del canciller David Choquehuanca. “En ninguna parte de esa denuncia señala que yo estoy exigiendo la intervención a la marcha”, sostuvo la Ministra de Justicia.

La denuncia fue recibida por el fiscal asistente adscrito al despacho de la Fiscalía de Distrito de La Paz, Facundo Coronel, a las 20.35 del sábado 24 de septiembre, según el memorial al que accedió La Razón. El tenor del documento, dirigido a la fiscal de Distrito, Betty Yañíquez, refiere: “Solicitamos respetuosamente requiera la intervención de la fuerza pública en caso necesario”.

Yañíquez aseveró ayer que el requerimiento fiscal fue emitido para investigar el caso del Canciller. En su posesión, Chávez dijo que existe la orden fiscal y que luego explicaría sus alcances.