Rubén Vargas
Estamos a punto de presenciar otra “inédita” innovación con las que el proceso de cambio que vive Bolivia sorprende cada tanto al mundo. Todavía los expertos universales en cuestiones políticas y electorales no acaban de digerir la “inédita” elección de altos magistrados de la justicia por voto popular, y menos aún los “inéditos” resultados de una votación por simple mayoría en la que de manera absolutamente “inédita” gana el voto nulo, cuando ya se configura en el horizonte una “inédita” revolución en la doctrina y la práctica de los derechos humanos.
El detonador del revisionismo doctrinal ha sido el informe de la Defensoría del Pueblo sobre la intervención a la marcha de los indígenas del TIPNIS el 25 de septiembre. La Defensoría como corresponde a sus atribuciones ha investigado el hecho, pues éste comporta, como todo el mundo lo ha visto sin necesidad de ser experto, gravísimas violaciones a los derechos humanos. Como fruto de su investigación, ha tipificado los derechos violados y ha establecido cuáles son las autoridades estatales responsables de esas violaciones. Hasta ahí su tarea.
Por lo que se ha divulgado, la indagación deja claro que la intervención a la marcha indígena fue concebida y planificada con anterioridad y que, en consecuencia, las autoridades del Ministerio del Interior tomaron los recaudos logísticos para su ejecución, incluyendo la compra de la tristemente famosa cinta maskin, el alquiler de colectivos y la disposición de aviones de la Fuerza Aérea para la “humanitaria evacuación” de los marchistas. Es decir que la intervención fue una decisión gubernamental. Ésa es una responsabilidad ineludible.
Esa planificación, además, ha tenido otros ámbitos distintos a los propiamente logísticos a los que no se refiere el informe, pero que son de conocimiento público. Por ejemplo, el requerimiento de intervención policial tramitado ante la Fiscalía por la Ministra de Justicia o la denuncia del “secuestro” del canciller David Choquehuanca ante organismos internacionales como la OEA por la Ministra de Transparencia.
Precisamente la Ministra de Transparencia (¿por qué ella, qué tiene que ver su despacho con el asunto?) ha descalificado el informe de la Defensoría porque no toma en cuenta la “situación del Canciller”. Si el Canciller fue “secuestrado”, se trata de un delito, no de una violación a los derechos humanos. La ministra no ignora que sólo el Estado viola los derechos humanos porque él es el garante de su vigencia y cumplimiento. Es un giro verdaderamente “inédito” de la doctrina de los derechos humanos, otra contribución boliviana al mundo: los ciudadanos violan los derechos humanos. Por su parte, el Ministro del Interior ha hecho un “inédito” pedido al Ministerio Público: que ignore el informe de la Defensoría. No es una opinión, es un documento oficial de la máxima autoridad estatal en materia de derechos humanos. Otra “inédita” muestra del respeto y vigencia de la independencia de poderes.
Es muy difícil que las autoridades implicadas puedan escapar, finalmente, a su responsabilidad. Quizás alguna “estrategia envolvente” a la justicia los ponga circunstancialmente a salvo. Por su propio carácter, los derechos humanos tienen alcance universal y, en consecuencia, hay tribunales internacionales. Lo saben y, con toda razón, les preocupa.
Pero si de verdad las papas queman todavía hay salidas. Por ejemplo, siguiendo las “inéditas” sugerencias del Primer Mandatario, como los jovencitos que quieren eludir sus responsabilidades de paternidad precoz, pueden entrarse al cuartel. Allí serán, Evo dixit, “intocables”.
La Razón – La Paz