Marcelo Ostria Trigo
Cristina Fernández de Kirchner ganó por ‘goleada’. Ha sido reelecta con más del 53% de los votos de los argentinos. Pero no pasó una semana de su éxito electoral y la presidenta resolvió que se recorten sustancialmente los subsidios al agua, la luz y el gas, que alcanzan a 75.000 millones de pesos, pretendiendo reducirlos en 20.000 millones. A la vez, estableció correctivos en la política cambiaria. Así se aceptó, implícitamente, lo que se temía: hay problemas económicos no resueltos, entre ellos la inflación, que es una de las más altas del continente. El Gobierno de la señora Kirchner ya venía colocando en el mercado 100 millones de dólares diarios de las reservas del Banco Central para evitar el alza de la cotización del dólar e impedir una creciente fuga de capitales, ya que, en lo que va de 2011, se dice que salieron 22.000 millones de dólares.
Lo que pasa en Argentina de la señora Kirchner no es nuevo en la región. Se trata de las consecuencias del desenfrenado gasto público y de las políticas demagógicas de subsidios, tan corrientes en los gobiernos populistas.
Hay otros ejemplos de gastos y subsidios irresponsables: el comandante ‘bolivariano’ acaba de conceder una bonificación de fin de año, correspondiente a 90 días (tres meses de aguinaldo) en favor de los funcionarios públicos, reconociendo “que este año que termina, ha sido difícil en materia económica”. Y en su estilo recomendó al pueblo “ahorrar cualquier realito”. Todo esto cuando se sabe que la rica Venezuela sufre la inflación más alta de América.
Esta vieja historia de los bonos y subsidios demagógicos también está ocasionando inquietud en Bolivia. Es sabido que uno de los subsidios más costosos en el país es el de los carburantes. El presidente habló sobre la posibilidad de repetir el ‘gasolinazo’ (probablemente con variantes) que en diciembre de 2010 desencadenó una grave crisis. En conferencia de prensa anunció que “planteará en el diálogo nacional con los movimientos sociales, programado para las próximas semanas, ‘la nivelación’ de precios de los carburantes a los niveles internacionales, a fin de terminar la subvención estatal”. “Esa subvención –añadió– hace mucho daño a la economía nacional. Este año, en la subvención se van más de 600 millones de dólares”, dijo (La Prensa, 02/11/2011). El presidente recordó que esta subvención es una herencia de los gobiernos ‘neoliberales’, pero no mencionó que él tuvo cinco años para suprimir a tiempo esta distorsión y que no lo hizo. Predominó la demagogia.
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Sin duda, la subvención a los carburantes, en tiempos en que ya se reconoce que hay déficit fiscal, no podría prolongarse por mucho tiempo. La cuestión, entonces, es cómo hacer para que el peso de las consecuencias de la llamada nivelación de precios, ciertamente tardía, no provoque un alza desenfrenada de los precios de la canasta familiar –ya la hubo en diciembre con el ‘gasolinazo’ frustrado– acelerando aún más la inflación, de la que –se dice– es el más cruel impuesto a los pobres, todo pese a que en el país hay una afluencia de dólares provenientes de actividades ‘non sanctas’.
Por último, no es menos preocupante la revelación de que solo una de las 14 nuevas empresas públicas creadas por el Gobierno –especialmente en Chapare– es rentable, lo que seguramente hará que el déficit por estos emprendimientos tenga que ser cubierto por el erario. Esto ratifica que el Estado plurinacional no es eficiente.
Las perspectivas, por todo esto, no son esperanzadoras.
El Deber – Santa Cruz