Óscar Vargas denuncia que existe un plan destinado a ejecutar un ‘fujimorazo’ en el concejo municipal

Santa Cruz. Pretenden cerrar el legislativo, dice Vargas. Crisis: Siete concejales llegaron ayer al Ministerio Público para denunciar el avasallamiento a la oficina de una concejal masista.

image Ref. Fotografia: FISCALIA Concejales ‘percistas’ llegaron a denunciar el avasallamiento municipal

El concejal Óscar Vargas denunció ayer que "quieren dar un fujimorazo" en el Concejo Municipal y cerrarlo, ahondando de esa manera la crisis en el municipio cruceño, que se agravó ayer cuando siete ediles, acusados de haberse rebelado al alcalde Percy Fernández, llegaron para sentar una denuncia contra los autores del avasallamiento en las oficinas de la concejal masista Arminda Terrazas.



"Está claro quieren hacer como Fujimori (cuando era presidente del Perú) que en 1992 se atribuyó poderes especiales y cerró el Congreso", dijo.

La tarde del jueves, cuando el Concejo era tomado por movimientos sociales afines al MAS, tres concejales, Óscar Vargas, Manuel Saavedra y Enrique Landívar coincidieron en señalar que no se han rebelado al alcalde municipal. Calificaron como un capricho que se empecinen en valerse de todo para impedir que el Concejo sesione y apruebe una ley de adecuación municipal que lo único que busca, según dicen, es dar mayor autonomía de gestión al Concejo Municipal

Abandonados por la guardia municipal. Vargas criticó el hecho que la gendarmería municipal los hubiera abandonado por orden de alguna autoridad que debe responder porque en esos momentos estaban amenazados por una turba de personas quienes forcejearon con los concejales Enrique Landívar y Leonardo Roca y estuvieron a punto de agredirlos cuando trataban de defender a la concejal masita Arminda Velásquez, contra quien habían dirigido la acción.

El concejal llegó ayer acompañado de otros seis munícipes a la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz para sentar una denuncia por los delitos tipificados en los artículos 161, 293, 294 y 357 del Código Penal referidos a impedir o estorbar el ejercicio de los funcionarios públicos, amenazas, coacción y daño simple.

Acusan a gente de Quiroz. Por su parte Arminda Velásquez, una de las cuatro concejales masistas, criticó ayer que su colega, el concejal José Quiroz, haya orquestado todo. Velásquez fue cuestionada por haber apoyado a los "concejales de la derecha" en el intento de aprobar la norma de adecuación municipal.

Velásquez señaló que es falso que entre sus agresores existan representantes del Plan Tres Mil y por el contrario reconoció inclusive a uno de los asesores de Quiroz que está identificado en fotografías y en filmaciones en el circuito cerrado del Concejo.

Ayer a tiempo de presentar la querella también entregaron una decena de carnet de identidad de los supuestos agresores que ingresaron al Concejo con el pretexto de visitar a Quiroz, pero que se abalanzaron contra Velásquez.

Quiroz niega todo. El concejal Quiroz negó estar detrás de la movilización y pidió a su colega que dialogue con sus bases, las que no se sienten representadas, y también negó haber amenazado a esta en la sesión del martes.

Mientras tanto, el Concejo Municipal se ha quedado sin la presidente, Desirée Bravo que fue enviada a la comisión de ética. En su lugar asumió interinamente Freddy Soruco del MAS, quien le pide a los "persistas" que "no le echen el fardo".

Todos pelean contra todos

Percy Fernández pelea con siete de sus concejales y tres concejales masistas están encontrados contra su concejal Arminda Velásquez.

7 Concejales

Son aliados de Percy Fernández pero ahora se encuentran distanciados por esa ley.

4 Concejales

Son masistas y se ha comentado que quieren llevar como Alcalde al general Freddy Soruco.

PELEA

La ley le da autonomía al Concejo

LA NORMA.  Tiene 25 artículos  y dos disposiciones transitorias y fue aprobada por siete de los once concejales.

AUTONOMÍA.  Faculta al Concejo Municipal la potestad de manejar sus recursos financieros en forma autónoma y contratar o despedir personal.

ASESORES. Cinco asesores jurídicos fueron despedidos por el Alcalde Percy Fernández porque se negaron a autorizar cuatro contratos de obras a ejecutarse el 2012.

El Día