El defensor del pueblo, la cámara de diputados y el ministerio público.
El Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y la Cámara de Diputados han decidido investigar por separado los hechos sucedidos en el municipio de Yapacaní (Santa Cruz), donde el miércoles murieron tres personas durante los enfrentamientos entre la Policía y los pobladores, que exigían la renuncia de su Alcalde.
Dolientes de las víctimas de Yapacaní, durante el funeral, el viernes. APG Agencia
El Gobierno, por su parte, pidió 30 años de cárcel para los responsables de las muertes bajo el cargo de “asesinato” y solicitó a los pobladores de Yapacaní que abandonen las medidas de presión anunciadas para este lunes y dejen a los fiscales realizar su trabajo de investigación.
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, llamó ayer a los dirigentes de esa región a “realizar una reflexión” para que calmen los ánimos de los pobladores y, de esta manera, evitar más enfrentamientos y hechos luctuosos.
El jueves, el fiscal general interino del Estado, Weimar Guzmán, instruyó el inicio de las investigaciones para lo que se conformó un grupo de fiscales liderado por el fiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez.
En tanto, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, envió un equipo de su despacho al lugar de los acontecimientos luctuosos para recoger testimonios y evidencias de la violación de los derechos humanos.
En la misma línea, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja anunció su próximo traslado a Yapacaní. Entretanto, el presidente de esa instancia, Juan Carlos Cejas, informó que solicitaron informes escritos de lo sucedido al Ministerio de la Presidencia, Gobierno y al Comando de la Policía.
El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, manifestó ayer que es preciso descubrir a quienes emplearon armas de fuego en los hechos de violencia del pasado miércoles y provocaron la muerte de tres personas, para que se les sancione con la mayor pena de privación de libertad, 30 años de reclusión sin derecho a indulto.
Navarro llamó a los dirigentes de la zona a realizar una reflexión para que calmen los ánimos de los pobladores y de esta manera evitar más enfrentamientos y hechos luctuosos.
"Albergo la esperanza de que los compañeros de Yapacaní suspendan el bloqueo porque acá también hay que ver los niveles de corresponsabilidad (…), la principal demanda era que el Alcalde renuncie y él renuncio, ahora debe procederse a la elección de su nuevo Alcalde y en un tercer momento la pacificación, entonces dejen que los fiscales realicen su trabajo", dijo ayer Navarro en declaraciones a los medios de prensa.
En esa misma línea, la autoridad del Gobierno solicitó que la comisión de fiscales asignados a este caso identifique individualmente a los responsables por los tres fallecidos e inicie un proceso penal en su contra.
"Vamos a superar la próxima semana este conflicto porque ya que se ha iniciado la investigación, vamos a tener resultados y superar los momentos de sofocones, yo creo que con presiones no vamos a encontrar a los responsables individuales porque encontrarlos no es cuestión de voluntad política, sino de seriedad y madurez de los fiscales que están desarrollando la investigación", agregó. Yapacaní se alzó en rechazo al retorno del alcalde David Carvajal del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien está acusado de supuestos actos de corrupción, el cual luego de los hechos luctuosos se vio obligado a renunciar por la presión de los pobladores.
Romero “agradece” proceso instaurado en contra suya
El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, manifestó ayer que la demanda planteada en su contra por los hechos violentos en Yapacaní contribuirá a aclarar la real participación que tuvo el Gobierno en lo sucedido.
El líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, anunció el viernes el inicio de un proceso penal en contra de Romero, además de otras autoridades de Gobierno.
"Quiero agradecerle infinitamente por ese proceso. Estaba desesperado por esa querella, porque nos permitirá contribuir a las investigaciones y aclarar todo el papel que hemos desempeñado tratando de facilitar y mediar para que puedan resolver y evitar hechos de violencia", ironizó el ministro.
Asimismo, estableció que el problema edilicio en la localidad de Yapacaní es un conflicto interno que debe ser solucionado a partir de la consideración de que cada municipio es autónomo.
Recordó que el Gobierno del presidente Evo Morales convocó en cinco oportunidades a las partes en conflicto para dialogar y llegar a consenso, pero los dirigentes rechazaron las continuas convocatorias.
"Los hemos citado en varias oportunidades, recurrimos a la mediación del Defensor del Pueblo y no tuvimos éxito", añadió.
Los Tiempos – 15/01/2012