El peligro que se cierne sobre la libertad de prensa en Bolivia y la agresión contra los periodistas fueron presentados ante la Relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
Asociación de Periodistas bolivianos presentan queja ante la OEA
Washington / ANF.- La Asociación de Periodistas de La Paz presentó un informe sobre los riesgos que atraviesa la vigencia de la libertad de prensa y sobre las agresiones que han sufrido reporteros por parte de altos funcionarios del gobierno de Bolivia ante la Relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Antonio Vargas, fiscal general de la menciona asociación informó a la Agencia de Noticias Fides sobre la audiencia que le concedió este pasado viernes la Relatora, Catalina Botero, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El enviado de la agremiación periodística presentó el informe a Botero en dos apartados: casos de agresión y amenazas sufridas por los periodistas en el ejercicio de sus funciones por parte de altos funcionarios del gobierno boliviano.
La segunda parte del informe se refirió a un “resumen detallado” de los instrumentos jurídicos que emplea el gobierno y los planes que tiene para limitar la libertad de prensa e información.
Botero, según Vargas, recibió el informe sin ningún pronunciamiento y siguiendo los reglamentos protocolares de la Relatoría y la propia CIDH.
El enviado de la Asociación de Periodistas de La Paz adelantó a ANF que proyecta tomar contacto en Washington en los próximos días con otras organizaciones defensoras de los derechos humanos y la libertad de prensa.
Según la reglamentación de la Relatoría y la CIDH, dependientes de la OEA, todo informe o denuncia relacionada a las libertades ciudadanas en los países de la región es recogida en primera instancia sin pronunciamiento alguno.
Dependiendo de la gravedad del caso la Relatoría o la CIDH pueden emitir un pronunciamiento en el corto plazo y pedir al gobierno respectivo la observancia de los compromisos asumidos en el marco de la OEA para el respeto a los derechos humanos, la libertad individual y el libre acceso a la información y su difusión.
De no ser así, la Relatoría y la CIDH ponen curso un proceso burocrático de examen del caso y, de ser necesario solicitan al gobierno respectivo su versión sobre la denuncia. Este proceso toma un largo tiempo que incluso puede extenderse por dos años.
Vargas destacó la buena recepción del informe por parte de Botero. (Opinión)