Rolando Fernández Medina
Las encuestas realizadas por consultoras y medios de comunicación en los últimos años, colocan a la inseguridad como el primer o segundo problema más grave de nuestra sociedad que alarma, causa daños y atemoriza diariamente a todos y está deteriorando nuestra calidad de vida.
Con estos argumentos que son contundentes, es imprescindible e impostergable, que el Estado considere a la seguridad ciudadana como un problema y objetivo fundamental en la agenda de gestión pública.
Partiendo de esta jerarquización, la seguridad, formaría parte de las políticas públicas, que se deben desarrollar mediante programas en función de esta temática, con el fin de dar respuestas coherentes e inmediatas a las permanentes demandas de la sociedad, utilizando estratégicamente los recursos que se van a obtener del IDH, establecidos en la futura Ley del Sistema de seguridad ciudadana.
Sería inadmisible seguir abordando la seguridad ciudadana en forma simplona y demagógicamente, cómo un tema más de las diferentes campañas electoralistas, y así continuaríamos con los fracasos políticos, como ha ocurrido con los diferentes “planes de seguridad”, que fueron el resultado de las improvisaciones en que incurrieron todos los gobiernos anteriores que no permitieron reformular la seguridad, de un estadio precario de disuasión situacional básica, mediática, coyuntural y reactivo, a uno superior de estrategias integrales y estructurales y preventivo , que permitan atacar las causas y no sólo los efectos o consecuencias.
Es conveniente que el Estado, que ahora va a contar con vastos recursos financieros, cumpla con su deber, con su responsabilidad y tome urgentes medidas en este tema; no podemos esperar que este flagelo se acreciente y se torne incontrolable.
Se debe actuar con voluntad franca y sincera, con sinergia y compromiso político para que estas necesidades y sentimientos sociales sean atendidos y aliviados, en correlación con los fines y propósitos que persigue todo moderno Estado social de Derecho: garantizar y proteger los derechos fundamentales de las personas: el derecho a la vida, la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio y la propiedad privada, como una razón sustancial de su propia existencia, establecida en el contrato social o constitucional, al cual estamos adheridos por delegación todos los estantes y habitantes del país.