Traslado. En dos cárceles de Asunción, 15 mujeres y 13 hombres dicen tener un motivo para que los traigan al país. Sus hijos pequeños los necesitan. Cuentan con un documento bajo la manga.
Reos en Paraguay claman volver al país
Roberto Navia, El Deber
Hace tres años que María Fernanda no ve a sus cuatro hijos. No puede estar con ellos porque se encuentra presa en una cárcel lejana. Con ese dolor de madre, desde su celda que está en Asunción de Paraguay, hace un pedido al Gobierno nacional: “Quiero ser trasladada a mi país porque aquí la vida se me hace imposible”.
Ella no es la única que está pagando culpas fuera del país y tampoco está sola en ese pedido. En el centro penitenciario de Buen Pastor, de la capital paraguaya, existen 15 mujeres bolivianas, de las cuales por lo menos nueve tienen sentencia ejecutoriada y la mayoría por delitos de narcotráfico.
En la cárcel de Tacumbú, que se encuentra en el céntrico barrio Obrero de Asunción, existen 13 compatriotas en prisión, de ellos siete ya tienen sentencia y también han perdido su libertad bajo acusación de tráfico de sustancias controladas.
El pedido cuenta con una base legal a la que tienen deseos de acogerse, pero que por algún motivo, durante meses, los familiares de los presos han deambulado de oficina en oficina sin que se diera curso a lo que ellos consideran un clamor.
El 23 de noviembre de 2005, el entonces presidente de Bolivia Eduardo Rodríguez aprobó y ratificó mediante ley 3245 el “Tratado entre la República de Bolivia y la República del Paraguay sobre transferencia de personas condenadas y menores bajo tratamiento especial”, que fue suscrito en la ciudad de La Paz, el 11 de julio de 2000.
En la parte final del texto indica: “…la promulgo para que se tenga y cumpla como ley de la República”. Pero algo pasó que esa ley no llegó a cumplirse.
Desde Cancillería informaron que los del Régimen Penitenciario son los responsables de ejecutar las solicitudes de traslados, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores solo es intermediario.
Delia Illanes, directora legal y de Clarificaciones, del Régimen Penitenciario, después de enterarse del asunto, tiene una respuesta: inicialmente el tratado con Paraguay se encontraba registrado en la Gaceta Oficial, pero investigando hemos encontrado el documento y colocado en dicha Gaceta.
La autoridad dijo que, en tal sentido, la ley 3245 está vigente y disponible para toda persona que quiera solicitar su transferencia de una cárcel paraguaya a Bolivia. Pero todavía no se puede cantar victoria, porque existe otro problema: en este momento el Régimen Penitenciario se encuentra acéfalo, no tiene director, y mientras esté sin cabeza, el tratado de Transferencia de Personas Condenadas y Menores bajo Tratamiento Especial, (que debe ir a parar a Cancillería para su posterior comunicación al Gobierno paraguayo), está durmiendo en el escritorio vacío donde se sentará el nuevo director de la institución. “Ya pasé esa documentación a la oficina de la dirección, cuando haya nuevo director pasará a Cancillería y esta, a su vez, la elevará a su par del país vecino para su aplicación”, explicó Illanes. Entonces, lo que queda es esperar que una nueva persona asuma la dirección del Régimen Penitenciario.
Mientras tanto, Aida seguirá añorando ver a sus siete hijos que la esperan en Bolivia. “Estoy desesperada por irme. Hace tres años y medio que estoy en la cárcel y tengo sentencia de siete años. No puedo irme porque nos niegan el traslado. Los abogados piden y en Bolivia nadie nos sabe dar una respuesta”, dice desde su celda esta mujer que allá se gana la vida fabricando zapatillas. Ella se arrepiente de haber traficado con droga y recomienda no ceder a esas tentaciones. Otra es la historia de María, que aún no ha llegado a los 30 años y está preocupada por su hijo de 11 que en Bolivia está siendo criado por la abuela. Hace tres años que cayó presa y no tiene quien la visite en Paraguay.
Argelia tampoco sabe cómo están sus cuatro hijos que viven solos en Santa Cruz. El menor de ellos tiene cuatro años y los otros son de seis, 12 y 14. “Yo soy separada y mis padres apenas pueden ir a verlos de vez en cuando porque viven en campo”, se queja esta excomerciante de abarrotes y que ahora sobrevive trabajando en una fábrica de costuras instalada para las presas.
Luis lleva casi dos años en la cárcel de Tacumbú y aclara que los bolivianos pueden ser trasladados no porque sea malo el trato en Paraguay, sino porque necesitan estar cerca de sus familiares.
“Mi esposa viene cada cuatro meses porque ahora ella es la que mantiene la casa. Trae un poco de plata y cuando se acaba no queda ni para comprarse un calzoncillo. Estamos como abandonados”, explica. La comida le cuesta $us 3 y duerme en un tinglado donde existen 50 camas. Por una pagó $us 150 cuando ingresó al penal.
Cuando llega su esposa desde Santa Cruz se queda tres días y los gastos aumentan porque tiene que pagar el alquiler de una habitación por $us 20, las 24 horas. Marcelo está sin sentencia y cada tres meses espera ansioso que llegue su esposa desde Santa Cruz. Patricia es la hija de un boliviano que está detenido en Paraguay, tiene 19 años y está juntando dinero para visitarlo. Los entrevistados coincidieron en que no volverían a meterse en el negocio de la droga y que antes tenían una vida tranquila. Muchos se dedicaban al comercio y se movían por los caminos con libertad.
Problemas con documentos traban traslados
De acuerdo con un informe presentado por la ONG Activa, hay al menos 2.600 reos extranjeros en presidios chilenos, casi la mitad de ellos bolivianos, y el 70% cumple condenas relacionadas con el narcotráfico.
El estudio sobre presos en Chile revela que los reos extranjeros son los más vulnerables del sistema penitenciario porque no cuentan con redes de apoyo y reciben menos visitas, no conocen las leyes locales y no tienen una buena protección legal y además sufren un bajo nivel de educación.
Desde el departamento legal del Régimen Penitenciario de Bolivia informaron que existe tratado bilateral con el Estado chileno bajos las mismas condiciones con lo firmado con Paraguay.
Sin embargo, Delia Illanes, directora legal y de clasificaciones de esta institución, dijo que son pocas las personas que se están beneficiando porque se topan con problemas en los datos de identidad de los detenidos. “Muchos tienen hasta tres nombres o incluso se manejan con alias (apodos); lo cual dificulta en la gestión de documentos que se exigen para el traslado”, dijo Illanes, que también ha admitido que para solucionar estos problemas los familiares hacen las gestiones para las correcciones. “Esto hace que se demore el proceso”.
Sin embargo, el mismo se acelera cuando la persona que solicita su traslado padece de alguna enfermedad terminal, “es la única excepción”, aclaró.
Algunos familiares de los detenidos en cárceles extranjeras fundamentaron que el principal problema que tienen es la necesidad de encontrarse con sus seres queridos.
Gloria Requena, responsable de la ONG que emitió el informe sobre los presos en Chile, denunció que el sistema carcelario no otorga a los reos extranjeros los mismos derechos que a los nacionales.
Los requisitos
El solicitante de traslado debe enviar una carta con su firma al consulado de Bolivia. El departamento jurídico de esta institución le brindará asistencia y le abrirá una carpeta para reunir todos los documentos exigidos.
El detenido debe tener sentencia ejecutoriada, dar su consentimiento a través de una carta firmada por él, y otros documentos con informe médico, sicológico y el tiempo de condena que le queda.
El consulado arma la carpeta del solicitante como Estado receptor del ciudadano boliviano. Una vez se tengan los antecedentes que confirmen que el detenido tiene vínculos de residencia en Bolivia, se le respalda con un informe social y después uno final.
La ley 3245 no necesita ser firmada por ninguna autoridad para que se la aplique porque ya fue ratificada en 2005.
José Antonio Sueiro era el director del Régimen Penitenciario y ahora ya no se encuentra en el cargo. En la oficina de La Paz atiende la secretaria y se excusa de que esa institución aún está sin su director representante.