Roger Cortez
Con enorme sufrimiento, las autoridades de la Asamblea Legislativa han dado a luz a un proyecto de ley concebido con la participación de la bancada oficial y la también oficial brigada itinerante que marchó desde el polígono 7, ubicado entre Villa Tunari y el TIPNIS. El proyecto amenaza con ser bautizado, con humor macabro propio de una jugarreta del subconsciente, con el nombre de “ley de la consulta previa”.
El aporte más significativo que tiene para sus autores y solicitantes es que extiende por un período de cuatro meses un supuesto paréntesis para un conflicto sin salida. Las discusiones, tormentas de ideas, reflexiones y desvelo de abogados, cuadros teóricos, legisladores bienintencionados y ansiosos de ascender en el escalafón y nuevos ministros sólo han alcanzado ese diminuto objetivo, pese a que pretendían remontarse al nivel más elevado de la innovación legislativa y al diseño de una estrategia sorprendente que volatilice a sus adversarios.
Todo lo demás, aparte del plazo que tratarán de manipular en su provecho, es un juego de palabras por el cual se emula al Dr. Moreau, imaginado por HG Wells en 1890, personaje que mezclaba el genoma de animales y humanos para obtener criaturas fantásticas, tan temibles como frágiles. El proyecto de ley se ubica en la esfera de los organismos genéticamente modificados (como la quimera mitológica, mezcla de león, cabra y dragón) al ser presentada como “promotora de la aplicación de la democracia comunitaria y fortalecimiento de lo plurinacional”, cuando su inocultable fin es el opuesto.
Mezcla el engendro legal, innovaciones consonantes con la reforma plurinacional con los mayores atentados en su contra y termina siendo nada más que el último disfraz de negocios, cuyas huellas comienzan a aparecer en forma de indicios sobre concesiones y transferencias de tierras realizadas dentro del Parque Nacional y Territorio Indígena.
La única intangibilidad que defiende la coalición entre la burguesía burocrática, dueña de todos los palacios del poder, y la fracción especuladora de tierras es la del ilegal contrato firmado con OAS, sin consulta social, ni licencia ambiental.
Sin embargo, toda la humareda verbal empleada para velar estas cuestiones no va a funcionar y nuevamente el bloque de poder se enfrentará con una amplia coalición social que saldrá al paso del contrabando que encubre el proyecto de ley.
El partido de gobierno es ahora y por encima de cualquier otra cosa, una grande y aceitada maquinaria electoral, cuyo destino se arma y define en torno a un jefe y candidato que actualmente secuestra y limita la orientación racional que pretende darle su entorno burocrático. Pero, evidentemente, ninguna corriente o tendencia puede enfrentar y contradecir al centro en torno al que se enroscan todas las jerarquías y los planes y esperanzas de el plan de re elección que toma impulso este año.
Unas cuantas personas del MAS y el Gobierno llegan a captar el horizonte que se abre por la insistencia en mantener abierto el conflicto del TIPNIS. Teóricos y tecnócratas encuentran cada día más pesado racionalizar para encubrir unas prácticas que por su rudeza y desparpajo no dejan margen a que funcionen las técnicas habituales de mercadeo social y manipulación propagandística.
Quienes entienden el peligroso juego en que están embarcados quizá lleguen a darse cuenta que la continuidad de las hostilidades no tiene al frente a una pequeña fuerza aislada y que si continúan tesando las cuerdas hasta detonar una IX Marcha, esta no será más, ni siquiera al inicio, una protesta indígena, sino una movilización nacional que impugnará globalmente la gestión de un poder crecientemente desnaturalizado y en plan consciente de ruptura con sus orígenes.
Cuestión de orden
La manifestación más notoria de la crisis de estado, vigente durante la década 1998 a 2008 en nuestro país fue la incapacidad estatal de preservar el orden. El ascenso de los conflictos, su propagación diluyendo toda la capacidad institucional de intermediar o contenerlos, generaron una situación que concluyó con una profunda recomposición del estado.
Ya sea que el estado sea visto como árbitro y componedor de contradicciones o como maquinaria de dominación, la esencia de su función propiamente política radica en la capacidad para impedir que la sociedad se agote y se consuma en choques en los que se disputen intereses particulares. Lo que ahora nos ocurre es que el nuevo régimen que se erige al cabo de superar la crisis estatal, está utilizando toda su fuerza y recursos para incentivar tales choques y contradicciones.
Se cumple prácticamente un año, desde el momento en que las organizaciones indígenas de tierras bajas anunciaron que resistirían el empeño gubernamental de imponer un oscuro proyecto caminero y las querellas y la conmoción persisten, alentadas por el propio estado, que socava leyes e instituciones y promueve la desobediencia, rebeldía y desconfianza, en su intento de imponer la autoridad, a la más vieja usanza, con los peores recursos de la política tradicional: amedrentamiento y cooptación.
Abre ahora un nuevo capítulo de esta enconada lucha, aprobando una ley orientada a desconocer otra, cometiendo la peor de las equivocaciones al suponer que la aguerrida cohesión de sus parlamentarios es señal de aprobación social de su conducta. El núcleo más fiel de sus adherentes, que ronda un 35% del electorado, lo acompaña en esta y otras decisiones, pero el resto de la sociedad, incluyendo a rivales de siempre y amigos y aliados, converge en una resistencia, donde las más variadas críticas y oposiciones, se alinean en torno a la defensa del TIPNIS y las demandas indígenas.
El régimen más fuerte de la historia boliviana contemporánea, que ha conseguido erigir en plazos brevísimos un bloque dominante de raíces plebeyas, está sembrando con el mismo enfebrecido ritmo las bases de una crisis y descomposición de ese estado que apenas ha comenzado a construirse.