Iván Arias Durán
La policía tiene, por el momento, tres hipótesis sobre el asesinato por ahorcamiento de Juana Quispe Apaza (43), concejal de Ancoraimes, provincia Omasuyos, cuyo cadáver fue hallado el martes 13 de marzo cerca del río Orkojahuira, en la ciudad de La Paz. Las hipótesis, según Wálter Sossa, jefe de la división Homicidios de la fuerza anticrimen paceña, son que “el deceso de esta persona esté vinculado con un atraco, ajuste de cuentas o venganza”.
Las investigaciones preliminares establecen que fue estrangulada, presumiblemente con un cinturón. Se cree que el cuerpo de la infortunada fue arrojado desde un barranco de unos 15 metros de altura con la seguridad de que sería arrastrado por el agua del río. Sin embargo, quedó atrapado a un costado del lecho.
Juana Quispe Apaza, elegida por la agrupación ciudadana FSUTCLP-TK, interpuso dos recursos de amparo contra todos los concejales y contra el Alcalde de esa población, pues no se le permitía participar en las sesiones. La concejal presentó el primer amparo el 5 de agosto de 2010 en contra de todos los concejales denunciando abusos físicos y verbales, además de que no se le permitía el ingreso a las reuniones del órgano deliberante. La justicia declaró procedente el recurso, ante lo que intentó habilitar a su suplente, pero tampoco se le permitió hacerlo, así que presentó un nuevo recurso, el 14 de octubre de ese año, esta vez contra el Alcalde, que también fue declarado procedente.
Juana Quispe era integrante de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas y Originarias de La Paz Bartolina Sisa, una entidad afín al MAS, aunque no participó como candidata en las filas del oficialismo. La última actividad pública de la concejal fue su participación, el lunes 12 de marzo, en la jornada nacional de acullico, realizada en la ciudad de La Paz.
La concejala Juana Quispe fue gestora del proyecto de acoso y violencia política de género al haber sufrido vejámenes y problemas en carne propia. Por eso la ACOBOL (La Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia) al momento de lamentar este asesinato ratifica que “en vida manifestó haber sufrido maltratos por parte de los concejales y el Alcalde de su población, presentó dos amparos denunciando abusos físicos y verbales y no le permitieron ejercer sus derechos políticos”.
En el periodo 2000- 2009, en ACOBOL se recogieron 249 testimonios sobre violencia política, lo que arrojó un promedio de 28 casos por año. Su análisis muestra que los principales actos de violencia contra las mujeres son: i) Presión para que renuncien a su cargo de concejalas, a la política y a sus organizaciones políticas (36%); ii) Actos de violencia (sexual, física y psicológica) y exceso de autoridad (21%); iii) Impedimento en el ejercicio de sus funciones y alternabilidad ilegal de la concejalía (21%); iv) Congelamiento ilegal de su salario y el resarcimiento de gastos de amparo (9%); v) discriminación (7%)3 ;y, vi) difamación y calumnia (6%).
ACOBOL tiene el Sistema de Atención de la Violencia Política en el que algunas de las denuncias [1] recibidas son las siguientes: La Concejala Adriana Suárez, de “San Roque”, sufrió el descuento del 10% de sus honorarios por asistir a los talleres de capacitación organizados por la Asociación de Concejalas de Santa Cruz. Otro: La Concejala Luisa Samaniego titular de una agrupación ciudadana presentó, por medio de un abogado, la renuncia a su cargo alegando “razones de fuerza mayor”. Pero el memorial fue rechazado por la Corte Departamental Electoral. Días después, la Concejal “desapareció” del municipio hasta que “voluntariamente” aceptó su renuncia. Otro: Una Concejala suplente denunció que su Concejal titular, el Sr. Oscar Merino, la discrimina por ser mujer negra, discriminación que no solo la afecta a ella, sino también a toda su comunidad. “Este Concejal se caracteriza por ser despectivo con las personas afro bolivianas del municipio”, reza la denuncia.
De esta manera la concejala Juana Quispe Apaza se convertirá en un símbolo de lucha por la no violencia contra las mujeres que ejercen sus derechos políticos, y su muerte no debe quedar impune. Ojala que las organizaciones defensoras de las mujeres no enmudezcan una vez más y que las senadoras, diputadas y ministras, hábiles para cantar coplas, demuestren porque están donde están. El proyecto de Ley contra el Acoso y Violencia Política en Razón de Género actualmente se encuentra en tratamiento en una Comisión de la Cámara de Diputados. ¿Se aprobará alguna vez?
[1] Las denuncias son reales, los nombres de los municipios y de las afectadas por la violencia política son ficticios, por factores atingentes a la situación.