Carlos Miranda Pacheco
En repetidas ocasiones nuestro primer mandatario ha expresado su preocupación por el retraso e inclusive incumplimiento en la ejecución de proyectos del sector estatal.Así en Coroico, la semana pasada, ha reiterado su insatisfacción en el cumplimiento de presupuestos.El gobierno ha heredado un moderno sistema computarizado de elaboración, seguimiento y control de presupuestos. La administración actual lo califica de intrincado y de difícil ejecución, que a veces impide la provisión oportuna de fondos causando demoras en los proyectos.Con esa justificación, los asesores gubernamentales diseñaron un programa mal llamado de “fideicomisos”, que consistía en separar los montos totales de una inversión en una cuenta especial que con pocos controles internos y con la firma del máximo ejecutivo de la empresa a cargo del proyecto, habilitaban rápidos desembolsos.Utilizando ese sistema YPFB acometió la construcción de la planta de separación de licuables del gas en Rio Grande. Es de conocimiento público el escandaloso crimen en el que termino la administración de ese proyecto. Lo que aparentemente se paso por alto, era que los fondos del robo-crimen, destinados a soborno, habían sido proporcionados por YPFB, por el sistema de fideicomiso. La planta quedo sin construir y el estado sufrió un serio daño económico.YPFB, dos años después retomo el proyecto. Este fue paralizado, al igual que otros trabajos por acción de comunidades indígenas, que aducían no haber sido debidamente consultadas y compensadas, como especifica la Ley de Hidrocarburos en su Art. 119. Para tratar de solucionar esos casos y otros futuros, en noviembre del año pasado se emitió el D.S. 1045 autorizando a YPFB efectuar transferencias en dinero y en especie a las comunidades indígenas supuestamente afectadas.Pero la intención innovativa no paró ahí. El 29 de febrero pasado, se emitió el D.S. 1150 instruyendo a YPFB aprobar un reglamento, para efectuar transferencias en dinero y en especie a entidades públicas y privadas en cumplimiento de su Responsabilidad Social Corporativa. Naturalmente, el directorio de YPFB Matriz, aprobó el reglamento respectivo para hacer este tipo de transferencias, no solo a los pueblos originarios, sino para cualquier reclamo en función de su Responsabilidad Social Corporativa. Responsabilidad no está definida y parecería que quiere imitar la política de Responsabilidad Social Empresarial que han adoptado las empresas modernas para lograr la sostenibilidad de los negocios.Algunos comentarios. El artículo 119 de la Ley de Hidrocarburos, es ofensivo y totalmente colonialista, al especificar que cualquier impacto que las comunidades indígenas sufran por la realización de trabajos sea compensada financieramente. Equivale al uso de collares de cuentas y baratijas con los cuales los exploradores del siglo XIX, colonizaron África.La resolución del directorio de YPFB es peligrosa para el manejo de fondos estatales. Está abriendo una ventanilla para que cualquier persona o entidad que se sienta afectada, pueda acudir por compensaciones invocando la no definida Responsabilidad Social Corporativa de YPFB. Lo anterior de presta al chantaje y corrupción.Por otro lado, YPFB incluirá en su presupuesto sumas para atender las obligaciones de su RSC. Esto será el mejor atractivo para que las ONGs que supuestamente guían a los pueblos originarios utilicen su ingenio y publicidad para exprimir fondos a YPFB.La preocupación del Sr. Presidente y lo relatado, muestran que la actual administración no sabe gastar bien el dinero. Todo señala a que la administración pública y de las empresas del estado sea encomendada a gente con experiencia en su sector y capacidad empresarial para lograr gastar bien los dineros. Finalmente, también todo señala que la varias veces anunciada nueva Ley de Hidrocarburos, sea puesta en efecto antes que sirva de excusa para otros casos como el que es materia de esta nota.