Con un retraso de más de tres horas, ayer se llevó a cabo en el piso séptimo del Palacio de Justicia, la audiencia cautelar de los dos policías que escoltaban al sicario confeso Marco André Magalhaes, la esposa de este y el asistente del abogado defensor. La juez Octavo de Instrucción en lo Penal, Valeria Salas, ordenó la detención preventiva en la cárcel de Palmasola para los escoltas y el diligenciero; dejando en libertad y con arraigo más una fianza de Bs 5.000 a la mujer del prófugo.
El Ministerio Público imputó a los funcionarios que vinieron como escoltas por los delitos penales "de favorecimiento de evasión, incumplimiento de deberes y el concurso real del delito. A los particulares se los imputó por cohecho activo porque fueron a comer alimentos ofrecidos por la esposa del imputado prófugo, Magalhaes", dijo el fiscal asignado al caso, Adan Arteaga. Los escoltas de Magalhaes que trasladaban al brasileño, desde la cárcel del Abra de la ciudad de Cochabamba hasta la capital cruceña en un vuelo del TAM: cabo Rogelio Alcócer Rodríguez y el subteniente Wálter Patzi Rojas; así como el asistente del abogado defensor del sicario, Eddy Ticona, fueron enviados al penal de Palmasola preventivamente, mientras se investiga la fuga del reo.
La juez señaló que en el caso de los policías, no se siguieron con los protocolos correspondientes que exige el procedimiento, más aún tratándose del traslado de un imputado de un distrito policial a otro. No dieron parte a sus superiores en grado, por lo que la Policía cruceña desconocía el traslado. "Lógicamente la conducta de los mencionados ciudadanos como controladores de la seguridad boliviana, contraviene la Constitución Política del Estado y las funciones que tienen los servidores de la institución verde olivo. Incumplieron sus deberes", explicó Salas.
En cuanto a Ticona, dijo que la notificación que llevó a Cochabamba no tiene sello de recibido en la Central de Notificación de esa ciudad, por lo que se puede advertir que la defensa no pudo desvirtuar la acusación del fiscal. Lo que si existe es un cargo de recibido del gobernador de El Abra el primero de marzo", señaló, a tiempo de indicar que además Alcócer, en su declaración, lo sindicó de haber comprado los pasajes para él", añadió la juez. No obstante, el fiscal que imputó a los cuatro detenidos pidió para la esposa del prófugo, Nilmara Martins, medidas sustitutivas porque esta se encuentra en estado avanzado de embarazo. Por tanto, la juez dictó arraigo y una multa de Bs 5.000 y la presentación semanal ante el fiscal que investiga el caso.
También debe presentar documentos de un domicilio conocido, en un plazo de 10 días. Salas solicitó que se dé a conocer un informe del flujo de llamadas de los imputados, además de indicar quién compró los pasajes. Se sindica a Ticona de haberlos adquirido, hecho que lo implica como sospechoso de participar en la planificación de la fuga del sicario. Apelación. Los abogados de los tres detenidos, señalaron que apelarán la orden de la juez. Otto Richter, abogado defensor de Ticona, dio fe que el detenido trabaja en su bufete y que es estudiante de quinto año de la Universidad, y acusó a la juez Salas de tener enemistad con su consorcio, por lo que pidió su recusación.
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Fuente: Red Uno.
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