Propuesta. Los recursos para dar inicio a la normativa propuesta por el Gobierno a los legisladores saldrán del dinero del IDH que reciben las gobernaciones y los municipios de Bolivia.
Delincuencia. Se establece que el Centro Educativo Nueva Vida Santa Cruz albergará a jóvenes infractores hasta los 21 años.
M. Chuquimia y C. Peña y Lillo, El Deber
Los bienes que se incautan al narcotráfico y que ahora son utilizados en programas de prevención y educación, pueden ser transferidos a la Policía para su uso en tareas de seguridad ciudadana, si es que el proyecto de ley final del Gobierno se aprueba sin modificaciones.
El artículo 37 de la propuesta gubernamental señala que el 50% de los bienes inmuebles confiscados al narcotráfico, que hubiesen sido sancionados por sentencia ejecutoriada, serán transferidos a título gratuito a la Policía para su uso en tareas de seguridad ciudadana.
De aprobarse la norma sin cambios, esta dejaría sin efecto el artículo 71 de la Ley 1008, en el que se establece que los bienes secuestrados a los traficantes se destinarán preferentemente a los programas de prevención, educación, salud y rehabilitación de drogodependientes.
El diputado Lucio Marca (MAS) admitió que existe una contradicción entre la ley vigente y la propuesta gubernamental. El asambleísta dijo que ese tema será debatido en las plenarias y recordó que el uso de los recursos de las incautaciones al narcotráfico ya fue motivo de discusión cuando se realizó la socialización de esta normativa.
Las otras dos fuentes de financiamiento para sustentar las acciones que plantea la propuesta de seguridad ciudadana, serán los municipios y las gobernaciones, que aportarán de acuerdo con los ingresos que tienen.
En el caso de las gobernaciones, estas aportarán el 10% de los recursos que reciben por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), al margen del 30% que aportan, de esta misma partida presupuestaria, para la renta Dignidad.
En relación a las alcaldías, estas aportarán entre el 5 y el 10%, dependiendo de su población; las que tengan menos de 50.000 habitantes entregarán el 5% y las que tengan más de 50.000 habitantes darán el 10% del dinero coparticipable de la explotación hidrocarburífera.
El diputado Marca explicó que en este caso se tendrá que recurrir a decretos del Órgano Ejecutivo para organizar un ‘colchón financiero’ que permita el arranque del proyecto, porque en su criterio las entidades subnacionales no tienen presupuestado esos recursos.
Según el ministro de Gobierno, Carlos Romero, existen suficientes recursos en los municipios y las gobernaciones para sustentar la propuesta elaborada por el Poder Ejecutivo y dijo que las autoridades no podrán negar su concurso.
En el proyecto se plantea crear una unidad de investigación de los delitos que puedan cometer los funcionarios judiciales y la elaboración de una base de datos unificada, en la que se tenga la información sobre los antecedentes penales, policiales y judiciales de las personas.
Endurecimiento de penas que se plantean
Código Penal
– Evasión. Reclusión de uno a seis meses. Si el hecho se ejecuta empleando violencia la sanción será de seis meses a dos años.
– Homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito. Reclusión de uno a tres años. Si el hecho se produjera estando el chofer ebrio o bajo influencia de drogas, la pena será de uno a cinco años de prisión y será inhabilitado de uno a cinco años para conducir.
– Violación. Privación de libertad de cuatro a diez años. Si la víctima no llegó a la edad de la pubertad la sanción será de 10 a 20 años.
– Lesiones gravísimas. Prisión de dos a ocho años, cuando de la lesión resulte un enfermedad mental, pérdida de un sentido o miembro y haya peligro de muerte.
Propuesta de modificaciones
– Evasión. Reclusión de tres a cinco años. Si el hecho se ejecuta empleando violencia la sanción será de cinco a ocho años.
– Homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito. Reclusión de uno a tres años. Si el hecho se produjera estando el chofer ebrio o bajo influencia de drogas, la pena será de cinco a ocho años de prisión y será inhabilitado para conducir de forma definitiva.
– Violación. Privación de libertad de cinco a 15 años. Si la víctima no llegó a la edad de la pubertad la sanción será de 15 a 20 años.
– Lesiones gravísimas. Prisión de tres a nueve años, cuando de la lesión hay daño físico o mental. La sanción se agrava en dos tercios si la víctima es menor.
Más detalles
– Coordinación. Se crearán comisiones y consejos de seguridad ciudadana, los que estarán integrados por autoridades del Gobierno, del municipio y de las gobernaciones.
– Estadísticas. La normativa establece la creación de un observatorio de seguridad ciudadana, entidad dependiente del Ministerio de Gobierno, que recopilará, procesará, analizará e interpretará los datos relacionados con conductas delictivas en el país.
– Prohibición. Los gobiernos departamentales y municipales no podrán constituir una entidad que cumpla con alguna de las funciones de la Policía. Las guardias municipales actuarán a requerimiento policial y se sujetarán a sus mandos.
– Educación. Se incluirá en el currículo escolar contenidos de seguridad ciudadana y seguridad vial.
– Prensa. Los medios deberán ceder obligatoriamente espacios para emitir mensajes relacionados a la seguridad ciudadana.
Modifican ley contra alcohol
El pleno de la Cámara de Diputados incorporó al proyecto de ley de control al expendio y consumo de bebidas alcohólicas la prohibición de la difusión de publicidad de bebidas alcohólicas en el horario de 9:00 a 21:00, articulado que no estaba en la primera propuesta normativa.
Luego de aprobar el proyecto en grande y en detalle, el martes los parlamentarios del MAS pidieron reconsiderar la norma para añadirle 11 modificaciones. Una de estas establece el arresto de ocho horas para los dueños de locales que incumplan los horarios de atención y expendan bebidas a menores de edad.
La normativa fue pasada a la Cámara de Senadores.