María Teresa Zegada
La llegada de un partido político al gobierno implica la compleja -pero a la vez gratificante- tarea de administrar ambas instancias sin que una anule a la otra.
Se ha debatido bastante la figura del “partido en el poder” y las tensiones que involucra esta situación, especialmente cuando se generan escenarios de disputa interna por los recursos de poder.
Las pugnas más habituales responden a la (re)distribución de cargos públicos entre la militancia partidaria en la que se suelen desestimar las habilidades técnicas o perfiles profesionales de los partidarios, y la selección se rige ya sea por lealtades políticas o bien por el intercambio de favores que se establece de manera informal pero contundente en las relaciones internas de las organizaciones.
De ahí que, el cambio de un partido en el poder implica la “relocalización” prácticamente de todo el personal, con el fin de copar dichos cargos con los funcionarios puestos por el nuevo partido en el poder.
En democracias más consolidadas se impone el sistema del servicio civil en que los niveles intermedios y de base son ocupados por funcionarios de carrera, que responden a una cuidadosa selección meritocrática y no están sujetos a los avatares políticos y a los permanentes cambios de los partidos en el poder. Ello resulta altamente positivo para otorgar continuidad a la gestión, acumular experiencia y lograr mejor rendimiento y eficiencia administrativa.
Como es obvio, los altos cargos y las funciones estratégicas son ocupadas por los partidos políticos pues son los encargados de definir las líneas de política pública generales y las decisiones estratégicas relevantes. En consecuencia se va atenuando la identificación partido-gobierno.
Otro problema habitual surge de la tácita absorción del partido por la burocracia gubernamental, relación en que adquieren más peso y poder, las autoridades en ejercicio, que los dirigentes históricos del partido.
La ocupación de espacios gubernamentales se complejiza con la incorporación de personajes advenedizos, extraños al partido, que aparecen de pronto jurando lealtad partidaria con el único fin de acceder a los beneficios del poder o, en su caso, son resultado del cálculo político partidario que decide invitar a personalidades externas al partido, altamente reconocidas en su medio, para lanzar candidaturas que de alguna manera garanticen el triunfo electoral de la sigla.
Otra distorsión que acontece también en épocas electorales, consiste en el uso indiscriminado por parte de la burocracia estatal, del aparto gubernamental con fines de campaña política, distorsionando los principios de la gestión y generando desequilibrios entre los distintos candidatos y sus posibilidades.
A estas ya habituales complejidades, en el caso del actual gobierno, hay que sumar un tercer componente que son las organizaciones sociales, formando una crítica triangulación entre Estado-partido-organizaciones, las cuales por su naturaleza corporativa tienden a priorizar demandas e intereses particulares en detrimento de los mandatos normativos del Estado de velar por el bien común, aquel horizonte cada vez más olvidado por la privatización de la práctica política.
Página Siete – La Paz