Cayo Salinas
Los Estados con poco desarrollo institucional generalmente son presa de gobiernos tentados a infringir la norma o cuando menos, a hacerse de la vista gorda respecto a lo que manda. No creen en ella y piensan que las regulaciones que imponen son más bien freno a lo que consideran el proceso de empoderamiento al que siempre llaman –sean derechas o izquierdas– el “proceso de cambio”. El que entra generalmente cree que debe cambiarlo todo y, por supuesto, piensa que lo que cambia es mejor de lo que había. No guardan la mesura que cabe en circunstancias donde la racionalidad debe partir por entender que lo fundamental es crear institucionalidad y que ésta perdure con “izquierdas o derechas”.
En muchas ocasiones, la miopía política hace que se olvide que lo importante es mantener un límite donde se respete el juego de la democracia y los rigores de lo institucional a la hora de ejercer el monopolio de la fuerza. Y es que toda manifestación “monárquica” que dé cuenta de un menosprecio a la ley y a los formatos que el Estado exige se respeten, son señales de procesos regresivos donde “El Estado soy yo”. Basta comprobarlo con la grandilocuencia de una propaganda donde se encumbra la figura del líder o donde se utiliza su imagen en todo acto o repartición pública al punto de llegar, en muchas ocasiones, al ridículo.
De ahí que no existan basamentos más importantes que aquellos que manda el Estado de Derecho y que se asienta en la Teoría de la Separación de Poderes de Montesquieu, no en el parecer sobre determinado proceso o en la reverencia que a veces se confunde con sometimiento. Por ello, incumplir la ley trae consecuencias nada propicias y más cuando se dice estar ante un “proceso de cambio”; genera relajación disciplinaria cuando el desobediente es uno de los llamados a acatar la norma y acaba por prostituir lo bueno o malo que pudo haberse edificado.
Algo parecido sucedió hace un par de semanas con el Alto Mando Militar. Sus integrantes, al participar del Congreso del MAS, vulneraron el Artículo 241 de la CPE que prohíbe a esa institución la realización de acción política. La abrogada CPE también lo prohibía en su Art. 209. La explicación dada por su Comandante en Jefe no correspondió a un ente de ese peso constitucional. Como aquel niño que esconde la mano y a la vez confiesa la falta, Tito Gandarillas justificó la violación señalando que asistir a la inauguración del Congreso del partido de Gobierno “no es una vergüenza, sino un orgullo”. En todo caso, el orgullo y la vergüenza nada tiene que ver con respetar la ley.
Nada malo hay si cualquier ciudadano en el ejercicio libre de sus derechos asiste a mítines políticos. Lo contrario sucede cuando dicha asistencia es ejercida por las cabezas de entidades que forman parte del bloque de institucionalidad del Estado.
Ya Montesquieu en 1748 marcó una línea divisora y de independencia precisamente para evitar que hechos como el acontecido ocurran. Esto es como en el deporte o el amor, pierdes o ganas, y para el caso en cuestión, o mantienes una conducta apegada a ley, o te abanicas en ella por irreverencia a su mandato o porque simplemente cuidas la pega. Por ello, no existe causa o referencia que dé cabida o sustente un agravio como el protagonizado por el Alto Mando Militar al país y a sus instituciones. En último caso, éstas no están al servicio de ningún partido, sirven al Estado y así debe ser entendido.
Los Tiempos – Cochabamba