Alarmados por el acelerado debilitamiento físico del presidente Hugo Chávez, militares venezolanos vinculados con su régimen habrían desarrollado un plan de emergencia -que involucra la suspensión de los derechos constitucionales- para ser ejecutado ante cualquier señal de agitación política, advirtió el ex embajador de Estados Unidos ante la OEA, Roger Noriega.El plan, elaborado por militares acusados por la justicia norteamericana de tener vínculos con el narcotráfico, pretende servir de póliza de seguro para sus creadores en caso de que una súbita desaparición física del mandatario llegara a amenazar la supervivencia del régimen, señaló Noriega, quien aseguró tener contacto con fuentes informadas sobre la situación en Caracas.»La muerte inminente del caudillo podría colocar al país en el sendero del colapso social y político. La cúpula militar instalada por Chávez en enero ya se está comportando como un régimen de facto determinado en preservar el poder a toda costa», escribió Noriega en un editorial.»Estos hombres nunca entregarán el poder y la impunidad que les garantiza, y ellos no se hacen ilusiones de que las elecciones [de octubre] les conferirán «legitimidad» en un narcoestado venezolano, y prefieren confiar, en cambio, en los miles de millones de dólares en ganancias mal habidas y en las decenas de miles de soldados bajo su mando», sostuvo Noriega, que fue subsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado durante el gobierno de George W. Bush.Noriega, que citó fuentes cercanas a Chávez, dijo que su equipo médico sólo trató sus síntomas con énfasis en intentar estabilizar al paciente, suministrándole dosis de radioterapia y quimioterapia de último recurso. Chávez reveló -quizá sin advertirlo- la gravedad de la situación al orar por un milagro en una misa en Semana Santa. Según Noriega, la angustia y la desesperación expresada por Chávez sorprendieron a su círculo íntimo y llevó a los militares a acelerar la elaboración de un Plan B, indicó.Noriega aseveró que los lugartenientes de Chávez se comportan como si «ya estuviese muerto», al tomar medidas para consolidar el poder y para conformar «una junta revolucionaria» que tomaría «medidas represivas» para contener conatos.Estos esfuerzos serían liderados por Diosdado Cabello, un hábil operador político, designado por Chávez para llevar las riendas de la Asamblea Nacional y el partido de gobierno.»El nombramiento de Cabello estaba destinado a tranquilizar a un grupo poderoso de narcomilitares: el general Rangel Silva; Clíver Alcalá, jefe de inteligencia; el general retirado Hugo Carvajal, y media docena de altos oficiales que son clasificados como «capos de la droga» por Estados Unidos», señaló Noriega.Este grupo representa el ala militar del chavismo que en los últimos meses opacó el ala civil, en la que habitan el canciller Nicolás Maduro, el vicepresidente Elías Jaua y el hermano del presidente Adán Chávez. Este grupo, según Noriega, está dispuesto a reivindicar la agenda ideológica del movimiento en las elecciones de octubre. Maduro, quien es «extraordinariamente leal al presidente», es considerado por observadores políticos el sustituto más viable en la boleta electoral, pero es una propuesta de duro calado entre los militares.»Mis fuentes me comentan que Cabello y compañía estarían más dispuestos a recurrir a medidas inconstitucionales y a la represión si es que logran conseguir el apoyo de Moscú y Pekín», dijo Noriega.Los chavistas pretenden seguir suministrando petróleo barato para contar con ese apoyo, sostuvo.El Nuevo Herald – Miami