A contracorriente de los discursos asumidos por los gobiernos que integran la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), la realidad de su relacionamiento con los pueblos indígenas latinoamericanos parece ser muy distinta.
En Bolivia tenemos el caso del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), donde el régimen de Evo Morales pretende construir una carretera que tendría un impacto ecológico altamente negativo, pero que resulta de vital interés para los cultivadores de coca del Chapare, la base electoral “dura” del oficialismo.
En Ecuador, el gobierno de Rafael Correa se ha distanciado en los últimos años de los principales movimientos indígenas, como la CONAIE, al punto de llegar a cerrar varias de las radios y televisoras comunitarias.
En Venezuela, es conocida la islamización de pueblos indígenas impulsada desde el gobierno de Hugo Chávez, en coordinación con organizaciones del Medio Oriente.
En Colombia, las narcoterroristas FARC, que en más de una ocasión han mostrado su cercanía con Chávez, son culpables de la muerte de numerosos indígenas y del desplazamiento forzado de muchos más.
En Nicaragua, el actual gobernante Daniel Ortega carga con la responsabilidad de un verdadero genocidio contra los indios miskitos cuando encabezó la dictadura sandinista en los 80´s, época en la que se bombardeó comunidades de esa etnia, matando a cientos de indígenas y provocando el exilio de miles, durante la llamada Navidad Roja.
En Argentina, el gobierno de Cristina Fernández fue condenado recientemente por la ONU, por otorgar personería jurídica a “comunidades ficticias”.
Como se ve, el proyecto autoritario-populista no tiene un auténtico interés en la promoción de los pueblos indoamericanos, a los que simplemente usa como parte de su máscara seudoprogresista…