Fueron arrestados cuando intentaban salir de Bolivia. Un juez los remitió a dos penales paceños. Abogada defensora niega los cargos y dice que denunciantes buscan aprovechar la coyuntura.
Página Siete / La Paz – 10/12/2012
Rivera y Rodas en la audiencia de medidas cautelares. APG
Dos ciudadanos brasileños, Carlos Da Silva y su cónyuge Carla Roberta, fueron detenidos el sábado y enviados ayer a la cárcel acusados por cohecho pasivo y de estar vinculados a la red de extorsión que fue denunciada por el Ministerio de Gobierno.
La pareja fue acusada por dos empresarios brasileños, Jeferson Cirilo y Claudinet Kolinski, que, según se señaló en la audiencia efectuada ayer en El Alto, estuvieron detenidos durante dos años y ahora están con detención domiciliaria por el mismo caso.
La denuncia involucraría además a un ex viceministro de Régimen Interior, a los abogados Boris Villegas y Denis Rodas (detenido en Palmasola), a un fiscal, una jueza quienes habrían ejecutado acciones irregulares y uso indebido de influencias para beneficiarse con mercadería, maquinaria, vehículos y otros bienes.
El arresto de Da Silva y Roberta ocurrió cuando intentaban abandonar el país, siendo Da Silva supuestamente depositario de una importante cantidad de madera cuyo paradero se ignora.
Cirilo y Kolinski habrían denunciado el caso a varias instancias jurisdiccionales, pero al no contar con respuesta, en mayo de este año presentaron la misma al Ministerio de Gobierno. Según su versión, el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, denunció el caso ante la Fiscalía de Distrito.
En la audiencia de medidas cautelares, efectuada ayer en El Alto, y tras la imputación del fiscal Aldo Ortiz, el juez Daniel Espinal, determinó la detención de Da Silva en la cárcel de San Pedro y de Roberta, en el reclusorio femenino de Obrajes.
Los acusados negaron tener contacto o relación con la presunta red de extorsión desmantelada, y su abogada, Verónica Rivera, declaró a los medios que más bien los empresarios que los acusan pretenden apropiarse de seis millones de dólares.
Dijo que los supuestos nexos con la red de son sólo una excusa producto de la coyuntura. “Pero en ningún momento acreditan de forma fáctica sobre esta relación, sino sólo se aprovechan de la coyuntura política para obtener la cooperación del Ministerio de Gobierno , cerrar el proceso y quedarse con los seis millones de dólares”, sostuvo Rivera.
Al menos 40 denuncias habían llegado hasta este fin de semana al Ministerio de Gobierno sobre presuntas víctimas que habrían sido extorsionadas para ser favorecidas en los procesos que enfrentan en los ámbitos del Ministerio Público y jurisdiccionales. Todos los casos apuntan al grupo desbaratado a raíz del caso Ostreicher.