Susana Seleme Antelo
Como la peste negra y la bubónica, que mataron a miles y miles de personas, la corrupción en política es una peste. No manda al otro mundo a ningún corrupto; sin embargo, enmascarada, descubierta o no, asesina la confianza de la ciudadanía y descalifica la práctica política como servicio a la sociedad de manera transparente y con rendición de cuentas.En el actual Gobierno, la corrupción es un comportamiento casi habitual, que no inmuta a Evo Morales ni a sus hombres, disfrazados de demócratas, pero tributarios de dictaduras electoreras que anulan la independencia de poderes para manejar el Poder Judicial a su libre arbitrio. Es decir, para evitar que la justicia independiente con jueces y fiscales probos ponga freno a sus abusos para destruir a la oposición vía delitos contra derechos humanos, civiles y políticos, amén de graves hechos de corrupción, como los que giran en torno al narcotráfico y al contrabando.Se hacen ‘los distraídos’, pues admiten que ejercer un cargo político es ocasión para que se enriquezcan sus afines, omitiendo normas culturales y de ética que inculpan todo tipo de corrupción.Y de pronto la verdad trunca el enriquecimiento de algunos corruptos y deja en ridículo a la ministra Anticorrupción. ¿Qué controla? Hoy se sabe que el entuerto recién descubierto a raíz de la detención, encarcelamiento, extorsión y robo a cuatro manos infligidos a un ciudadano estadounidense –Jacob Ostreicher– no es un hecho aislado. El destape no ha sido gracias al oficialismo, como se jactan sus miembros y acólitos, sino al interés del Gobierno de Estados Unidos por la suerte de su ciudadano, víctima de una red delictiva de extorsionadores, integrada por funcionarios del Poder Judicial y por sus propios acusadores, Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas Limachi. Ambos personajes, directores jurídicos del Ministerio de Gobierno desde hace cinco años y durante el ejercicio de cuatro ministros, fueron detenidos en Tarija mientras asistían a una audiencia conclusiva del complot terrorista-separatista contra ciudadanos del oriente, la llamada ‘media luna autonomista’.No es fortuito que Rivera y Rodas sean también los acusadores que han mandado a la cárcel y al exilio a 39 personas sindicadas de terrorismo y separatismo sin prueba alguna, y extorsionados sin medida ni clemencia por el famoso fiscal Marcelo Soza. Está confirmado que las bombas que explotaron en los domicilios de un senador oficialista y del cardenal Julio Terrazas, en abril de 2009, fueron colocadas por agentes del Ministerio de Gobierno. De ahí el título del complot terrorista, practicado por el propio Gobierno. Los dos funcionarios de marras también presentaron la denuncia contra dirigentes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure por el inventado secuestro del canciller David Choquehuanca durante la octava marcha de indígenas del oriente en defensa del parque, en 2011.El Gobierno ‘plurificciones’ ahora presentará chivos expiatorios a granel. Pero nada exime a los ‘jefazos’ de los ‘teje-menejes’ de sus funcionarios ni de las presiones que ejercían para revertir fallos judiciales favorables a distintos imputados, como el caso de los llamados concejales rebeldes de Santa Cruz. Lo sabían, pues ellos digitaban las órdenes, salvo el pillaje grosero, quizás. En tanto, la corrupción, como la peste, seguirá colándose por todos los resquicios de un gobierno sin ética ni estética.El Deber – Santa Cruz