Carlos Federico Valverde Bravo
En 17 o 18 meses, el país va a elecciones generales. El partido de Gobierno ya comenzó su campaña, los opositores están tratando de ser ‘opción opositora’; el ciudadano habla del tema cada vez que puede; los principales medios calientan el ambiente pre-prelectoral (a propósito de la re-repostulación) y hay temas importantes que no se tocan, no se nombran y no se plantean para hacer un proceso electoral absolutamente democrático. Me refiero a la necesidad de lograr la reconciliación nacional con miras a las elecciones, y esa reconciliación pasa, necesariamente, por una amnistía irrestricta a todos los presos y perseguidos políticos que hay en el país. Sé que el Gobierno va a argumentar que en el país no hay, ni perseguidos ni presos políticos, pero es un hecho incontrastable (incluso observado por la CIDH) que la política ha sido judicializada y que el sistema judicial del país está tomado por el Poder Ejecutivo. En Bolivia hay una tremenda politización de la justicia y eso se constata con la utilización de fiscales y jueces; y además hay retardación de justicia.En este país hay procesados sin sentencia que llevan encarcelados más tiempo del establecido por ley. Esa situación jurídica es causal de extinción del proceso. Recordemos, como antecedente, que el vicepresidente mismo fue beneficiado con libertad por la retardación de justicia. Frente a esos argumentos básicos, es difícil que podamos hablar de democracia plena en el país si no todos los ciudadanos pueden participar de un proceso eleccionario como electores o elegidos, de manera que no estuviera mal que el sistema político se planteara, antes de ir a elecciones, recuperar las libertades políticas para el ejercicio pleno e irrestricto de los derechos ciudadanos.El Gobierno puede argumentar lo que quiera, pero las cosas son claras: no hay una verdadera democracia en ningún Estado si sus ciudadanos no pueden participar de la institucionalidad democrática y si los gobiernos mantienen un mecanismo de persecución a sus connacionales en razón a sus ideas políticas; sea por la vía judicial, sea por la satanización de la práctica política. De los políticos depende; no de los periodistas o de la Iglesia, las dos instituciones más creíbles del país.El Deber – Santa Cruz