Manfredo Kempff Suárez
La Corte Suprema de Justicia de la Argentina, con gran criterio y prudencia, impidió, el martes pasado, que se hiciera efectiva una peligrosa ley aprobada en el Parlamento, al declarar inconstitucional la reforma judicial promovida por el Gobierno para elegir mediante voto popular a los miembros del Consejo de la Magistratura, llave para la designación y remoción de jueces. No fue fácil detener el intento oficialista, pero los partidos de oposición y las asociaciones de magistrados y abogados se manifestaron abiertamente en contra – según las agencias EFE, AFP y otras – de lo que supondría una “partidización y politización” de la Justicia.
Es así que la Corte Suprema ha salvado la independencia y funcionamiento del Poder Judicial, que, al parecer, estaba a punto de correr la misma suerte de lo que es actualmente la justicia boliviana. Un análisis serio de la situación hizo posible que las intenciones gubernamentales no prosperaran respecto a la elección popular de los tribunos del Consejo de la Magistratura que luego podría derivar, tal vez, en la votación generalizada para el resto de los cargos de la judicatura argentina. Es decir, un golpe mortal contra el Estado de Derecho.
Lo que pudo suceder en Argentina aconteció, sin embargo, en Bolivia, aunque en una magnitud mucho mayor. En octubre de 2011 se llevaron a cabo las elecciones judiciales en nuestro país, en medio de reclamos de la oposición, la desconfianza de los medios de prensa y, sobre todo, ante la angustia del pueblo, consciente de lo que se iba a producir. Existía la intuición de que todo estaba montado por el Gobierno para absorber el Poder Judicial y hacerse todopoderoso con el arma que hoy, logrado su propósito, utiliza a su arbitrio en contra de sus adversarios políticos.
Como al pueblo se lo engaña con frases o con símbolos fáciles, todo el oficialismo hablaba de “democratizar la Justicia”, lo que en buen romance era “partidizarla”. Los candidatos a ocupar los cargos resultaron ilegales a todas luces, ya que, luego de un insuficiente examen de conocimientos profesionales, evidentemente artificial, fueron elegidos para terciar en la elección popular, por la Asamblea Legislativa, donde el Movimiento al Socialismo (MAS) supera los dos tercios. Quedaba muy claro, entonces, de que la ciudadanía iría a votar engañada, como en verdad sucedió. Con ese montaje, era obvio que, por cualquiera de los postulantes que se votara, se estaba eligiendo a un personaje previamente seleccionado por el MAS.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Ante semejante atropello, la consigna de la oposición y de los ciudadanos fue instar al voto nulo. En efecto, concluidas las elecciones, se impuso el voto nulo. La mayoría de los bolivianos votaron así porque no entendían cómo el voto directo podía ser aceptable en una materia tan compleja. No obstante de la evidente derrota del Gobierno, los presuntamente elegidos por el pueblo (como vemos habían sido designados de antemano por la Asamblea oficialista) recibieron sus credenciales de magistrados, copando el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental.
Se recurrió a todos los ardides para capturar el sufragio de la gente, empezando por una campaña propagandística formidable. Entre otras cosas se decía que Bolivia sería el primer país en el mundo que eligiera a sus magistrados mediante el voto popular. Es posible que los bolivianos hubiéramos sido los primeros en hacerlo, porque, naturalmente, ninguna otra nación haría algo similar; nadie trataría de herir de muerte a la Justicia.
Argentina casi fue el segundo país del planeta en practicarlo, pero, hasta ahora, se ha salvado. Está a salvo de que, como en Bolivia, reinen y tiranicen los fiscales como garrote del Gobierno. Se ha librado de que a sola acusación el adversario político vaya a dar con sus huesos a la cárcel. No hay por qué preocuparse de momento. Gracias a Dios, por esa hermana nación.