Juan Carlos Urenda
El Estatuto cruceño está herido de muerte. Está corriendo la suerte del proceso autonómico boliviano en general que se encuentra atrapado por un gobierno nacional indisimuladamente centralista y por el abandono de la causa que han hecho, con raras excepciones, las élites políticas, económicas e intelectuales del departamento.
La problemática central del Estatuto cruceño tiene que ver con la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Es una cuestión simple de soberanía popular. La autonomía departamental se ganó en el referéndum del 2006 y se remató con la aprobación del Estatuto el 2008 por el 86.5% de la población en un referéndum impecable legalmente. Y ahora resulta que la Asamblea Legislativa de la gobernación cruceña está empeñada en darle gusto al gobierno centralista y se apresta a recortarle al Estatuto cruceño todas las competencias que fueran necesarias (calculo un 70% de ellas), para “adecuarlo” innecesariamente a la Constitución que, por lo demás, fue rechazada por el 65% de la población cruceña. De esa manera, la votación del pueblo cruceño en dos referéndums no habrá valido para nada y el único ganador será el centralismo y los que están a su alrededor.
Para ello, la Asamblea ha aprobado un lindo presupuesto y está en proceso de “socialización” en las provincias. ¿Qué le están contando o preguntando a la gente? ¿Acaso depende de la opinión de ellos el resultado? La adecuación del estatuto es un tema técnico. Se trata de contrastarlo con la Constitución y dejar solo los artículos que no la contradigan, ya que el que finalmente lo aprobará no será ni siquiera la Asamblea Departamental sino el Tribunal Constitucional, de manera que la llamada “socialización” no tiene sentido lógico ni práctico.
Como está diseñado el procedimiento de “adecuación”, los estatutos de los nueve departamentos serán muy parecidos, pues todos ellos no podrán ir más allá de las competencias exclusivas que les otorga la Constitución. En otras palabras, Santa Cruz está en un proceso de desconocer el mandato de su pueblo expresado en las urnas para igualarse con los departamentos que votaron por el No a la autonomía.
Finalmente, en el actual esquema centralista el estatuto no tiene valor práctico. Es innecesario por cuanto la Ley Marco de Autonomías manda a los departamentos a ejercer las competencias exclusivas departamentales asignadas por la Constitución y, en efecto, Santa Cruz ya asumió la competencia de los hospitales de tercer nivel (mal asumida porque sin plata), en prueba fehaciente de que no se necesita estatuto para ejercer las competencias exclusivas. Por ello, el reto en lo inmediato debiera ser luchar y trabajar para ejercer las 36 competencias exclusivas que manda la Constitución, por irrelevantes que estas sean, en vez de dedicarse a cercenar innecesariamente el Estatuto aprobado por voto popular.
En el mediano y largo plazo, el reto debiera ser la generación de una corriente de opinión para modificar la Constitución que, en lo que respecta a la distribución de competencias, es tan centralista que hace imposible una autonomía de verdad. Una propuesta en este sentido está en un libro de mi autoría del 2010.
Está claro que se debe esperar una correlación de fuerzas políticas más pro autonomías para lograr dicha reforma y recién adecuar el Estatuto, pero mientras tanto debiéramos dejar por lo menos testimonio de nuestra lucha y disconformidad con el centralismo incesante que está penetrando devastadoramente todas las estructuras estatales. Es lo menos que podemos hacer por respeto al pueblo que votó por autonomías de verdad.
Se está perdiendo una batalla, pero la victoria final vendrá cuando cambien los actores de esta comedia. La fuerza de la causa autonómica yace en el espíritu de la gente común y ahí permanecerá en el tiempo.
Twitter: @jcurenda