Fallo. Se acudirá a otras instancias si el laudo arbitral es contrario a los intereses de Bolivia. La firma británica Rurelec demanda una compensación de $us 142,3 millones por la nacionalización de la empresa Guaracachi.
Energía. Vista de las instalaciones de la empresa Guaracachi, nacionalizada el 1 de mayo de 2010. AFKA.
La Razón / La Paz
La Procuraduría General del Estado (PGE) calificó en la Corte Internacional de Arbitraje de París como exorbitante y excesiva la demanda de compensación de $us 142,3 millones por parte de la firma británica Rurelec por la nacionalización de sus acciones en la Empresa Guaracachi SA (EGSA).
El procurador general del Estado, Hugo Raúl Montero, manifestó el viernes —en un contacto con La Razón— que las declaraciones las realizó durante la audiencia de arbitraje en ese tribunal internacional, aunque no precisó en qué fecha exactamente.
“Hemos ido a aportar las pruebas necesarias para decir y establecer que los montos demandados (por Rurelec PLC) son realmente exorbitantes y excesivos”, enfatizó Montero tras el acto de inauguración del Diplomado en Altos Estudios Nacionales y la Maestría en Seguridad, Defensa y Desarrollo.
El 13 de mayo de 2010, la compañía Rurelec remitió la carta de notificación formal de controversia al Estado boliviano por la nacionalización de EGSA, realizada el 1 de mayo de ese año. El 2 de marzo de 2012, la compañía informó que la “indemnización completa” que busca por la nacionalización de sus acciones en Guaracachi (50,001% del paquete accionario) alcanza a un monto de $us 142,3 millones, “más los intereses” generados “hasta el pago total” de la indemnización.
La autoridad de la PGE insistió en señalar que la compensación que pide la británica es excesiva y aclaró que el monto estimado por parte del Estado es menor, aunque no precisó de cuánto es esa cantidad. “Las pruebas que hemos presentado hacen notar que la pretensión es demasiado excesiva y no es lo real, a eso hemos ido a París”.
Defensa. El 5 de marzo de 2012, el vicepresidente Álvaro García Linera indicó que “lo que está haciendo Rurelec es un acto de abuso y prepotencia empresarial” y luego aseguró que “el Estado se va a defender y demostrar con pruebas que no se puede compensar con semejante cantidad de dinero a una empresa privada que no ha invertido”. El 18 de febrero de este año,
La Razón informó que según una orden de procedimiento del tribunal arbitral, la audiencia en el proceso de arbitraje de Rurelec por Guaracachi se realizará del 1 al 10 de abril del año en curso.
Raúl Montero indicó ayer que ahora el Estado boliviano está a la espera de la resolución del laudo arbitral que debe emitir la Corte Internacional después de que evalúe todas las pruebas que fueron presentadas por las dos partes. “Hay (otras) instancias todavía (a las) que se puede recurrir si es que el fallo es realmente injusto y las vamos a accionar en otros escenarios”.
Delegados ante el caso
La compañía Rurelec designó a Manuel Conthe (España) como su representante en el proceso arbitral y Bolivia eligió a Raúl Vinuessa (Argentina).
Experto dice que el laudo será un fallo inapelable
El abogado y experto en arbitrajes Jorge Valle explicó ayer que un laudo arbitral es una sentencia que emite un tribunal internacional en el que las partes en conflicto deben acatarla. La apelación del fallo ante otra instancia similar podría ser rechazada.
“El laudo es el fallo final para el cumplimiento definitivo de partes en materia arbitral y es inapelable salvo que hubiera una ilegalidad notoria de alguna ley o leyes en las que haya incurrido el tribunal en la emisión del laudo”, enfatizó.
En el caso Guaracachi, explicó que si el Estado boliviano apela el fallo de la Corte Internacional de París ante otros tribunales, en caso de ser contrario al país, es probable que sea rechazada. El jurista argumentó que un país puede negociar una conciliación con la parte demandante hasta antes que se emita el fallo o después de que sea emitido.