El escándalo en la Dirección General de la Coca (Digicoin) y el reconocimiento público de la vicepresidenta del oficialista MAS, Concepción Ortiz, de que los movimientos sociales adscritos a su partido reciben coca incautada, plantea un escenario por demás preocupante: el desvío de la “hoja milenaria” hacia el narcotráfico por parte del mismo Estado.
Es sabido que más del 90% de la coca producida en el bastión presidencial del Chapare va a parar al narcotráfico, según datos de la ONU, y que en porcentajes algo menores hay un desvío importante también de la coca de los Yungas.
La novedad, siempre sospechada pero ahora confirmada, es que buena parte de ese movimiento de hoja hacia el circuito de la cocaína es operado desde el sector público, algo que complica aún más al gobierno de Evo Morales, considerado por varios analistas internacionales como cabeza de un “narco-Estado”.
¿Qué control puede haber de las grandes donaciones de coca a los movimientos sociales? ¿Cómo saber que no se les está entregando materia prima como método de financiamiento? ¿Estamos ante verdaderas tropas de choque narco-sindicales?
El panorama se vuelve aún más sombrío al saberse que el titular de Digicoin que ahora está en el ojo de la tormenta, Luis Cutipa, es considerado dentro del sector cocalero como “mano derecha” del presidente Morales.
El régimen cocalero va quedando al descubierto…