¿La Unión Europea se queja porque el estudio sobre el consumo de coca fue realizado en el 2010 y el gobierno aún no lo divulga? A no preocuparse, porque quien decidirá cuántas hectáreas de la hoja deben ser legales en Bolivia no será ningún análisis técnico fundamentado, sino una Cumbre Cocalera.
Así lo adelantó el senador oficialista Fidel Surco, quien también indicó que se habla de reconocer 12.000 hectáreas en La Paz, 7.000 en el Chapare y 1.000 en Caranavi, lo que totaliza 20.000 hectáreas de coca.
¿El problema de todo esto? Para empezar, que según datos de Naciones Unidas más del 90% de la producción de coca del Chapare es desviada fuera de los mercados legales, es decir, mayoritariamente hacia el narcotráfico.
Con lo cual, de aplicarse el diktat cocalero, habrían más de 6.000 hectáreas sólo en El Chapare dedicadas a abastecer a la industria de la cocaína.
Pero lo más grave de todo esto es que una política de Estado sea decidida por un sector fuertemente inclinado hacia la economía extralegal.
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Si en la Bolivia de la primera mitad del siglo XX se hablaba del Super-Estado Minero, para significar la existencia de un poder fáctico que dominaba a su antojo al aparato público, hoy en día habrá que aplicar una figura similar para denominar al “núcleo duro” del proyecto evista, que gobierna para sí mismo: el Super-Estado Cocalero…