Las denuncias contra el gobierno de Bolivia que se ventilan en el organismo internacional están relacionadas con Chaparina, masacre de Porvenir, caso Rózsa, persecución a Roger Pinto y otros opositores políticos. ‘Ante la falta de pruebas el Gobierno acudió al insulto’ dicen familiares de perseguidos sobre audiencia en CIDH.
Afirman que el Gobierno tiene más de 8 denuncias en la CIDH
Un senador del MAS reitera que no hay persecución política. Entre las quejas que se ventilan en el organismo internacional están las relacionadas con Chaparina, masacre de Porvenir, Rózsa, persecución a Roger Pinto y otros.
CIDH. El embajador Pari y el ministro Romero el martes en la CIDH.
Página Siete / La Paz
En los últimos años se presentaron más de ocho denuncias por vulneración de derechos contra el Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó ayer la senadora de Convergencia Nacional (CN) Centa Rek.
"Deben haber más de ocho denuncias presentadas y hay otras en proceso. Se van acumulando las denuncias contra el Estado y el Gobierno de Evo Morales”, declaró la parlamentaria.
Según Rek, hay una "frustración” de la ciudadanía en relación a la aplicación de la justicia y el esclarecimiento de muchos casos vinculados a la violación de derechos humanos.
La declaración fue realizada después de que la CIDH recibió en audiencia a la Fundación Nueva Democracia y al Estado, representado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, sobre la independencia de la justicia.
Este año, en el mes de marzo el ministro Romero ya tuvo que comparecer en una audiencia del organismo internacional frente a los líderes indígenas Fernando Vargas y Adolfo Chávez, quienes denunciaron la vulneración de los derechos indígenas con la construcción de una carretera por el corazón del TIPNIS.
Además de este caso, la Unión de Organizaciones Democráticas de América recurrió a la CIDH por el caso Porvenir y Ronald Castedo, uno de los acusados del caso terrorismo, también acudió al ente internacional.
La senadora Rek también enumeró las denuncias como la presunta persecución al senador Roger Pinto, ahora con asilo temporal en Brasil y la queja de gobernadores opositores que fueron depuestos de sus cargos.
Ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) también hay una denuncia por la represión a indígenas en Chaparina y hay otra queja ante la Unicef por la violencia de la Policía contra niños y niñas marchistas.
Estas denuncias "dejan mal parado al Gobierno en el ámbito internacional”, según el diputado opositor de Alianza Social (AS) Willman Cardozo.
Tanto Rek como Cardozo coincidieron en que las autoridades gubernamentales deben reflexionar sobre la persecución a los opositores porque desde 2006, primer año de Gobierno de Evo Morales, hay una "guerra sin tregua” contra sus adversarios.
Cardozo pidió a las autoridades no descalificar a la CIDH o buscar retirarse de esa instancia ante la cantidad de demandas.
Sin embargo, los oficialistas argumentan que todas las medidas responden a una lucha frontal contra la corrupción, la impunidad y el desfalco de recursos cometidos por otros gobiernos.
El senador Eduardo Maldonado (MAS) afirmó que estas denuncias, al margen de la cantidad, tienen un "fuerte contenido político” de personas que aducen persecución política, pero que en los hechos no existe.
De acuerdo a las estadísticas publicadas por el CIDH, hasta el año pasado se registraron 77 peticiones de audiencia desde el Estado boliviano que continúan pendientes de estudio, mientras 20 ya fueron admitidas.
Otros apuntes
Mecanismo. Los peticionarios deben recurrir a las vías internas para la solución de sus casos, antes de acudir a los organismos internacionales.
Críticas. El Gobierno del presidente Evo Morales tiene observaciones a la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque considera que hubo resoluciones políticas favorables a anteriores gobiernos, pese a la vulneración de derechos.
Amenaza. El presidente Evo Morales advirtió que Bolivia puede retirarse de la CIDH si no hay cambios.
Denuncias. Sectores de oposición o grupos vulnerables no creen en las instituciones jurisdiccionales del Estado, por lo que recurren a mecanismos internacionales.
‘Ante la falta de pruebas el Gobierno acudió al insulto’
Sostienen familiares de perseguidos sobre audiencia en CIDH. Analista político asegura que fueron incongruentes los argumentos del ministro Romero ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
EL DÍA, Santa Cruz, Bolivia
La participación del ministro de Gobierno, Carlos Romero, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue cuestionada por familiares de los perseguidos políticos en el país.
Esto con el argumento de que ante la falta de pruebas y sustento de las acusaciones de violaciones a los derechos fundamentales de los bolivianos, Romero acudió "al insulto y la intriga".
Como se recordará, la tarde del martes en Washington, los representantes de la Fundación Nueva Democracia, Rubén Darío Cuéllar y Silvia Salame, fueron los encargados de denunciar ante el organismo internacional los supuestos abusos del actual gobierno.
Con el insulto pretenden destruir civilmente. Erika Oroza, abogada y esposa del exjuez Luis Tapia Pachi, aludido por Romero en la CIDH calificándolo de corrupto, dijo que con el insulto pretende destruirlo civilmente.
"Además ellos no están en condiciones de cuestionar absolutamente nada y a nadie y saben por qué, ya que es un gobierno ineficiente y violador de los derechos y garantías de la propia Constitución Política del Estado", afirmó la jurista. Explicó también que se observó una clara injerencia del Ejecutivo con el Poder Judicial, ya que a pesar de que estuvo presente el titular del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gonzalo Hurtado, fue Romero que atacó a los denunciantes.
Acorralados por las denuncias insulta. En esa línea, el abogado defensor de su padre, Gary Prado, afirmó que al sentirse acorralado por las denuncias del Observatorio de Derechos Humanos, acude a la diatriba y al insulto.
Esto porque se hace muy difícil que un ministro pueda esconder a los cientos de refugiados políticos bolivianos en otros países, como dirigentes cívicos, opositores y empresarios, "que son víctimas de la política represiva de la gestión de Evo Morales".
Argumentos incongruentes. Por su parte, el analista político Ronald Balderrama, escribió en el portal EjuTv, que los argumentos de Romero fueron incongruentes.
"El ministro desestimó las acusaciones e identificó a la fundación denunciante con un grupo político conservador", comentó.
Indicó que refleja los problemas internos en los países chavistas que van desde la poca voluntad de solucionar la pobreza hasta el cuestionamiento de los valores democráticos y los derechos humanos.