Ronald Balderrama*
RecordatorioSe recordará que el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), denunció que en el Gobierno del presidente Evo Morales cerca a 774 personas se fueron al exilio, debido a la constante “persecución política” y falta de imparcialidad en la justicia.La oposición en algún momento mencionó: “Conocimos recientemente un informe de Acnur en el que 774 bolivianos se fueron del país y creemos que se debe a la constante persecución política que impulsa la administración de Evo Morales para quienes cuestionan sus políticas de Gobierno, o, se declaran sus opositores”, manifestó Dorado a la ANF.A ello se suma, agregó, que en el país no existe imparcialidad de la justicia, “que constantemente denunciamos está subordinada al poder político del partido en función de Gobierno, también otra debilidad es la retardación de justicia que afecta a muchos bolivianos”.Dato históricoLa persecución judicial ha alcanzado a líderes opositores de toda Bolivia. En La Paz, al ex – vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, enjuiciado, cuya casa fue asaltada por grupos afines al Gobierno del MAS y su familia, golpeada. El alcalde de La Paz, Luis Revilla, el líder político del Movimiento Sin Miedo Juan del Granado, también enjuiciados. En Pando, la ex – presidenta del Comité Cívico Ana Malena y otros 100 ciudadanos, reconocidos como refugiados políticos en Brasil. También, el senador Róger Pinto y el ex – senador Paulo Bravo, enjuiciados para amedrentarlos. Y existe una cantidad altamente cuantiosa de personas perseguidas en todo el resto de Bolivia, personas exiliadas en diferentes países.Este es un dato altamente peligroso y preocupante que se vive desde el Gobierno de Evo Morales, lo cual evidencia que la democracia se va debilitando y es utilizada a una conveniencia utilitaria, falsa y mentirosa.¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos?La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH).El SIDH se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en 1948, en el marco de la cual también se adoptó la propia Carta de la OEA, que proclama los “derechos fundamentales de la persona humana” como uno de los principios en que se funda la Organización.El pleno respeto a los derechos humanos aparece en diversas secciones de la Carta. De conformidad con ese instrumento, “el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”. La Carta establece la Comisión como un órgano principal de la OEA, que tiene como función promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la OEA en dicha materia.Lo que acontece en la actualidadLa Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Fundación Nueva Democracia y al Estado boliviano “complementar” con más información sobre la independencia del Órgano Judicial, en la audiencia en el marco del 149 periodo de sesiones que celebró en ese organismo en Washington.Rubén Darío Cuéllar y Silvia Salame, en representación de la Fundación Nueva Democracia (FND), peticionaria en la CIDH, denunciaron que en el país existe un “secuestro del Órgano Judicial por parte del Órgano Ejecutivo, detenciones arbitrarias y crímenes extrajudiciales”. (Fuente: Agencia EFE).Los argumentos incongruentes del gobiernoEl ministro de Gobierno, Carlos Romero, que encabezó la representación del Estado boliviano, desestimó las acusaciones e identificó a la fundación denunciante con un ‘grupo político conservador’ ligado a Podemos. Aseguró que los casos denunciados como persecución política a opositores y autoridades judiciales se ventilan ante la justicia por delitos.Romero, acompañado del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado, afirmó que el caso de terrorismo se basa en que hubo una “célula terrorista que pretendía producir un magnicidio y dividir al país”, y que la mayoría de los presuntos perseguidos políticos son personas investigadas por irregularidades.La relaciones internacionales hoy más que nunca son de las peores, el hecho que simplemente exista una afinidad ideológica con presidentes de Latinoamérica que expresan falsos izquierdismos y socialismos, no es una garantía de que exista buenas relaciones con dichos Estados, ya que constantemente se evidencia cuestionamientos a los presidentes de esta línea ideológica, donde los problemas internos son críticos ya que van desde la poca voluntad de solucionar la pobreza hasta el cuestionamiento de los valores democráticos y los derechos humanos.El Tribunal Supremo de Justicia alega supuesta independenciaEl presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gonzalo Hurtado, ha anunciado que la cabeza del Órgano Judicial presentará ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, un informe de rechazo a las denuncias de persecución política en Bolivia presentadas por opositores al gobierno de Evo Morales y, en contraste, de respeto las garantías ciudadanas.“Llegó un instructivo, respecto a que es necesario brindar un informe ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, al efecto, que supuestamente hubieran casos de persecuciones políticas de parte del Órgano Judicial”, señaló en declaraciones formuladas el viernes.“Como Órgano Judicial vamos a rendir un informe respetando la independencia de poderes”, dijo. “No existe, obviamente, persecución política en el Órgano Judicial”, acotó.Bolivia comparada con AfganistánLa publicación del diario estadounidense “The Wall Street Journal”, que ve a Bolivia como un “narco Estado” y siguiente “centro internacional del crimen organizado” ha concebido opinión sobre todo en la oposición que lamenta la imagen generada por Bolivia en los últimos años incluyendo su relación con países como Irán.Comparando a Bolivia con Afganistán, el artículo escrito por la periodista Mary Anastasia O’Grady en el diario norteamericano resalta la presencia de iraníes en el país, el liderazgo que ocupa el presidente Evo Morales frente a las federaciones productoras de la hoja de coca, además del caso de José María Bakovic como prueba de la persecución política y la hegemonía política impuesta desde 2006 en Bolivia.La columnista, cuyo criterio no implica al medio escrito, finaliza alertando sobre la presencia de sectores criminales de África en el país, por la proliferación de la actividad del narcotráfico, especialmente en el oriente boliviano.“El gobierno (Bolivia) es un defensor de los cocaleros, Irán aumenta su presencia en el país y los informes que llegan desde el terreno insinúan que también están llegando extremistas africanos”, resume la nota.La relación del Gobierno del MAS y la CIDHEn más de una ocasión, el presidente Evo Morales advirtió que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos debía cambiar o Bolivia se retiraría.OpiniónLa persecución política en Bolivia se ha intensificado desde la re-elección de Evo Morales. Gobernadores y alcaldes suspendidos ante la sola apertura de la causa, otros acosados judicialmente por los innumerables procesos que se les inicia desde el oficialismo.La lógica de amedrentamiento y persecución nos demuestra que el escenario democrático va debilitándose constantemente, utilizar los recursos del Estado para perseguir a cualquier persona que cuestione al gobierno es un hecho que raya de lo racional sobre todo es esta época, la policía se presta para crear caos y violencia y por ende tener justificativos de detenciones que son ilegales.Es preocupante que el accionar de la institucionalidad y de las instituciones sobre todo públicas ha sido subordinado al comportamiento de los actores sociales en la calle. Nos referimos concretamente a que una marcha, un bloqueo, un cerco o una toma física de las instituciones, tiene más fuerza a la hora de tomar decisiones que argumentos sólidos e institucionales para la gobernabilidad y el buen gobierno, lastimosamente tal es el aval del actual gobierno a estas conductas autoritarias que inclusive él declaró en algún momento “yo le meto no más, luego le digo a mis abogados que arreglen las irregularidades, para eso han estudiado” (Declaración hecha por el Presidente Evo Morales en La Paz el año 2008) reflejando una vez más la mediocridad con la que se ha estado manejando el Estado.En el país se ha logrado instaurar una creciente irresponsabilidad por los actos políticos, sociales, económicos e inclusive, jurídicos, ya que se transitó hacia la “judicialización de la política y a una politización de la justicia” en el país y en ciertos niveles, hoy esta “permitido” hacer cualquier cosa en la perspectiva de eliminar al enemigo y si ello favorece al interés personal. Un ejemplo, entre muchos, es el ejercicio de la justicia por mano propia o, en aplicación mentirosa de los “usos y costumbres”.La persecución judicial instaurada a los dirigentes políticos, sociales e incluso indígenas es muestra fehaciente que el gobierno del MAS simplemente a acumulado poder para hacer un abuso perverso a sus intereses personales, corporativos y sectoriales.La comparación que se realiza de Bolivia con Afganistán es un hecho altamente preocupante y alarmante, ya que, constantemente se alerta de grupos extremistas operando en Bolivia, carteles de droga que se han incrustado sobre todo en el oriente boliviano, se informa de avionetas que son derribadas, dinero ilícito que se va generando e inflando una economía que supuestamente para el gobierno es estable, droga y más droga en colegios, muertes por ajuste de cuentas, asaltos y una delincuencia que va creciendo. A esto cabe sumar las relaciones de Bolivia poco coherentes con países calificados de terroristas.La imagen que se tiene de Bolivia en el exterior no son de las mejores, la inseguridad jurídica es preocupante, y nuestro Estado va debilitándose por personas donde primeramente lo que importa es enriquecerse y hoy más que nunca el enriquecimiento proviene de la droga.Estimado lector: ¿Cree usted que Bolivia va en un camino tan peligroso como para compararlo con Afganistán?*Politólogo