DDHH pide a la justicia de Bolivia poner en práctica la independencia de poderes. El Observatorio de Derechos Humanos identifica que entre enero y abril se detectaron a 121 personas en situación de “persecución judicial por motivaciones políticas”
Identifican a 121 personas que padecen “persecución judicial”
Representantes de la fundación en la audiencia de la CIDH.
Página Siete, La Paz
En los primeros cuatro meses de este año se detectaron que al menos 121 personas están en situación de "persecución judicial por motivaciones políticas”, según un informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Nueva Democracia, que recientemente demandó al Estado ante la CIDH de la OEA.
El documento, titulado Reporte cronológico de violaciones a los derechos humanos sucedidas en Bolivia, considera que este tipo de persecución "corresponde al hecho de procesar judicialmente a ciudadanos que consideran que son objeto de procesos judiciales, únicamente por criticar o pensar diferente a las autoridades de Gobierno”.
El texto señala que varios de los casos consignados refieren a situaciones de personas que siendo parte del oficialismo sufrieron este tipo de persecución, "por el sólo hecho de haber discrepado públicamente de las directrices o posiciones oficiales”.
El texto también señala que el distrito judicial de Santa Cruz es donde se lleva adelante la "sustanciación” de la mayoría de los procesos, con el 30% de casos. En segundo lugar está el distrito judicial de La Paz, donde se sustancia el 18% de las causas.
El 13% de los casos están en el distrito judicial de Chuquisaca y otro porcentaje similar en Cochabamba. El 7% de los casos tiene lugar en Beni y otro porcentaje igual en Tarija; el 5% en Potosí, el 5% en Oruro; mientras que en Pando se desarrolla el 2%.
Los impulsores del documento llaman la atención sobre que este tipo de procesos se den en todo el país, "situación que llevaría a suponer que se trata ya de una práctica generalizada, de consecuencias muy preocupantes”.
Yolanda Herrera, presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, sostuvo que estos datos son "preocupantes”, dado que sostiene que los derechos políticos y civiles no están conculcados en Bolivia.
Esta activista sostiene que debe hacerse una vigilancia sobre el Órgano Judicial, porque esta instancia debe "demostrar en la práctica la independencia de poderes”, y recomienda hacer esfuerzos desde todos los flancos para profundizar la democracia, en términos de derechos.
Por su parte, el diputado oficialista Lucio Marca sostuvo que "mal se puede culpar al Gobierno” sobre este panorama, puesto que son los códigos judiciales, que fueron puestos en vigencia en la época neoliberal, lo que está generando esta situación.
Esta semana, representantes de la Fundación Nueva Democracia acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para referir que en Bolivia existe un "secuestro del sistema judicial por parte del Órgano Ejecutivo, detenciones arbitrarias y crímenes extrajudiciales”, entre otras violaciones de los derechos humanos, según reportó la agencia EFE.
A esa audiencia también asistió, entre otros, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien calificó a sus interlocutores como "políticos que se camuflan en la defensa de los derechos humanos”.
"Hemos experimentado profundas transformaciones estructurales, que no solamente han permitido incorporar a sujetos excluidos, como indígenas y mujeres, sino que ha permitido la redistribución del poder político.