Carlos D. Mesa Gisbert
En los últimos 50 años el crecimiento del PIB fue superior al 4,5% la mitad de ese tiempo, 24 años.
Los periodos de mayor crecimiento han sido 1962-1976, 15 años consecutivos de niveles sostenidos con un récord histórico de un 7,18% en 1968. El segundo periodo sostenido fue 1990-1997, ocho años consecutivos con un pico de 5,11% en 1991. El tercero, el periodo 2006-2012, ocho años seguidos, con un máximo de 5,70% en 2011.
El presidente Morales ha decidido establecer una norma mediante la cual se pagará doble aguinaldo (sólo a los trabajadores activos), siempre y cuando el PIB nacional crezca por encima del 4,5%.
Como se puede apreciar, si el Gobierno hubiese hecho una cuidadosa lectura de la historia, esa situación no es una excepción ni mucho menos, lo que plantea es un nuevo escenario para todos.
El argumento oficial es que es un deber del Estado socializar la riqueza. La bonanza debe beneficiar a todos y no sólo a unos pocos. Nada hay que decir en contrario, siempre y cuando tengamos claro el porqué de la actual situación.
De un PIB nacional de 9.500 millones de dólares en 2005 hemos pasado a otro de 29.000 millones en 2013. El tamaño de la economía boliviana se ha triplicado, ¿por qué? Porque los precios internacionales de nuestras materias primas han cambiado radicalmente.
Baste decir que entre 2005 y 2013 el precio promedio de venta del millar de pies cúbicos de gas a Brasil se incrementó casi cinco veces. La razón: la canasta de combustibles, pactada para definir el precio cuando se firmó el contrato de venta de gas, marca hoy un nuevo nivel, incluso superior al del precio internacional del gas vigente. Lo propio podemos decir del precio de la soya, o de la mayoría de nuestros minerales de exportación.
¿Se ha incrementado la productividad? Sí, sin duda. ¿En la misma proporción que el incremento de precios? No, de ninguna manera. El componente fundamental del crecimiento de la economía es el de precios, no el de volumen.
En 2012 casi la mitad de nuestras exportaciones, 5.700 millones, provinieron del gas (el 49%), que no es intensivo en generación de empleos. Por contraparte, las manufacturas de cuero, madera y textiles sumaron 159 millones (apenas el 1,4%) y el genérico «otros productos, que incluyen tanto materia en bruto como manufacturada, sumó 770 millones (7,7%).
El punto crucial aquí es que las empresas privadas bolivianas grandes, medianas, pequeñas y micro, generadoras de empleo intensivo, sostenible y de calidad, no están en condiciones de absorber una carga social adicional que puede convertirse en permanente, y que puede desincentivar proyectos de expansión o, peor que eso, colocarlas en condiciones precarias de sobrevivencia. Punto aparte es el de la construcción que es intensiva en empleo, pero no necesariamente empleo sostenible ni de calidad.
El Gobierno menciona que el sector empresarial ha ganado una muy importante cantidad de dinero, cierto, pero buena parte está centrada en el sector financiero y en las grandes empresas, muchas de ellas extranjeras, no en el sector local generador de empleo. El otro elemento por considerar es el de la informalidad, que no cumple normas impositivas, salariales, de seguridad social y de jubilación.
No queda claro cuál es la política de incentivo a la productividad por la otra punta, la de las empresas, vía desburocratización, incentivos diversos y una racionalidad impositiva más progresiva y más universal, imposible ante el mar de la economía paralela.
El otro tema sensible es el de la posibilidad de que el segundo aguinaldo propicie la inflación. Mayor liquidez en el mercado, mayor poder adquisitivo, mayor flexibilidad del consumidor para absorber incrementos arbitrarios de precios. No deja de sorprender por otra parte el anuncio que hizo el Ejecutivo hace algunas semanas de un plan del Banco Central para sacar 4.000 millones de bolivianos del mercado en dos fases.
Lo hará por el exceso de liquidez que fomenta la inflación que preocupa al Gobierno, ya que el segundo semestre de este año rompió las previsiones inflacionarias para está gestión (4,2%) y podría duplicar esa cifra. El segundo aguinaldo inyecta liquidez al mercado a contramano de la acción paliativa mencionada.
A nadie se le escapa el componente político de la medida. La oposición interpreta sin dudar que es una acción electoralista. Pero el análisis de fondo debe hacerse en su carácter intrínseco. ¿Es una medida positiva para el país, o no? Desde el punto de vista social, por supuesto que sí; desde el punto de vista económico, y sobre todo productivo, da la sensación de ser contraproducente, por su potencial efecto inflacionario, pero sobre todo porque declarada como un incentivo a quienes contribuyen a la productividad, puede convertirse en realidad en un freno adicional a un sector productivo empresarial que no ha logrado despegar, a pesar de una bonanza que no lo ha beneficiado directamente.
Puede convertirse en realidad en un freno adicional a un sector productivo empresarial que no ha logrado despegar, a pesar de una bonanza que no lo ha beneficiado directamente.
Carlos D. Mesa Gisbert
fue presidente de Bolivia.
Fuente: paginasiete.bo