Roger Mario López Justiniano*
El crecimiento de las ciudades como condición para el desarrollo ha provocado innumerables conflictos de índole social y económica, tal es el caso del ordenamiento territorial que, dado el vertiginoso aumento poblacional, las zonas destinadas a fines productivos -parques y zonas industriales- han quedado ahora en áreas urbanas.
Estas cuestiones sociales tienden, por la opinión pública, a decantarse rápidamente en contra de los productores, argumentando -casi siempre-, que su medio productivo es también motivo de costos para la sociedad tales como el humo y el ruido. En este caso tienen razón. Sin embargo, los empresarios también pueden objetar que los habitantes que viven en las proximidades de la zona dificultan el crecimiento y desarrollo de sus actividades económicas y, lo complicado de aquello es que también tendrían razón.
Así mismo el problema que surge aquí no se da sólo con identificar el efecto no deseado sobre terceros o ‘externalidad’, sino también con entender la naturaleza recíproca del problema y es que los vecinos son afectados por el productor tanto como el productor es afectado por los vecinos.
Ronald H. Coase, brillante economista y acreedor del premio Nobel, explicó detalladamente este tipo de anomalías en una investigación llamada “El problema del costo social” donde, además, desarrolló un profundo análisis sobre la resolución del conflicto argumentando que, cuando los derechos de propiedad están bien asignados, el problema puede solucionarse mediante la compra-venta de los mismos y los agentes económicos -empresa, vecinos, etc.- deberían llegar a una solución por medio de la negociación aunque, para llegar al punto óptimo, habría que medir los costos y beneficios de todas las alternativas disponibles en ese momento -colocación de filtros, mudarse- y adoptar la que maximice el beneficio neto social entre ambas partes, ya sea la empresa resarciendo los daños a los vecinos o éstos a la empresa, para que disminuya el ‘daño’ provocado.
Es común leer o escuchar opiniones sobre cómo debería ordenarse el país o cada ciudad, es más, si se presta atención habría una ordenación distinta para cada persona, de acuerdo a sus gustos, preferencias, expectativas y otra infinidad de variables. Está claro que, si se toman decisiones basadas en estos criterios, nada nos aseguraría que la medida adoptada maximizaría el beneficio de las partes –el social y el privado- y probablemente volvería a darse esta situación.
Queda pendiente entonces, si se quiere llegar a una solución eficiente sobre un posible reordenamiento territorial –en el que ganen ambas partes y la sociedad-, estudiar a fondo los costos que ello implica y compararlos seriamente con los beneficios que traería consigo la adopción de dicha medida con el fin de eliminar el error casual de destruir riqueza y bienestar simplemente por llegar a una solución parcialmente ‘correcta’ y arbitraria, en la cual el menos poderoso políticamente tendría que pagar las consecuencias.
*Estudiante de Economía