Arturo Yáñez Cortes
Entre los temas que recurrentemente preocupan a la opinión pública están la violencia y seguridad ciudadana. Frecuentemente, estas percepciones (capacidad de recibir por medio de todos los sentidos, imágenes, impresiones o sensaciones para conocer algo) coinciden en que nuestra situación es preocupante reclamando guerra total, tolerancia cero y otros discursos que, la práctica prueba, terminan generando aún mayor violencia y no soluciones efectivas.
Sin que lo que presento a continuación pretenda menoscabar aquellas legítimas preocupaciones, como abogado penalista entiendo útil analizar el tema en profundidad y con herramientas científicas. El “Informe Regional Sobre Desarrollo Humano 2012-2013: Seguridad Ciudadana con Rostro Humano. Diagnóstico y propuestas para América Latina” del PNUD presenta valiosas herramientas para ese análisis.
En el caso boliviano, resalta que la principal amenaza es la delincuencia común, las pandillas y el crimen organizado y narcotráfico; nuestra tasa de robos por cada 100.000 habitantes es de 86,3 al 2009 (al 2005 era 75,3), siendo la más alta de Argentina 973,3 y la más baja Paraguay 18,2; el 30,6% de los bolivianos limitamos nuestros lugares de recreación por temor a la inseguridad (frente a Chile con 20,6 y República Dominicana con 59,1%). La percepción de que la Policía participa en actividades delictivas supera ampliamente el 50%, compartiendo esa pésima percepción con Guatemala, Argentina, Venezuela y Honduras.
La falta de confianza en los sistemas de justicia es un problema endémico en la región, salvo en Nicaragua, República Dominicana y Panamá; en Bolivia más de la mitad de los ciudadanos expresaron poca o nada de confianza sobre la actuación confiable de los tribunales en un robo o asalto. Aunque usa nuestras cifras del 2007, la sobrepoblación carcelaria muestra una grave crisis carcelaria, y en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, los encarcelados por delitos relacionados con drogas es enorme y en continuo crecimiento, afectando principalmente a mujeres y jóvenes, superando a los encarcelados por robo; el porcentaje de aceptación de la justicia por mano propia en Bolivia es 30,4% (Panamá con 11,3 es el más bajo y Ecuador con 37,6 el más alto), superando el promedio de 23,9.
El informe confirma que los estados muestran graves déficits de capacidades en materia de justicia y seguridad; que la tasa de homicidios en la región creció 11% mientras que en las otras regiones del mundo esa tasa descendió o se estabilizó; que los robos se han casi triplicado en los últimos 25 años por lo que los delitos patrimoniales han disparado la percepción de la (in)seguridad ciudadana y que en un día típico, en América Latina 460 personas sufren violencia sexual, la mayoría mujeres. Todo ello se refleja en índices de impunidad alarmantes, en las crisis de nuestros sistemas carcelarios y la desconfianza hacia las instituciones de justicia y policía y, paralelamente, que los vínculos comunitarios como la familia, escuela y comunidad parecen perder fuerza, propiciando distorsiones como la justicia por mano propia y los reclamos de mano dura.
Como soluciones, propone que si bien no hay fórmulas mágicas y únicas para resolver el problema, los avances no resultan de una sola política aislada, sino de un enfoque multisectorial, basado en políticas que abarquen prevención, reformas institucionales, inversión pública suficiente, cambios en la relación estado-comunidades, voluntad política amplia y sostenida y sistemas de información e intervención modernos y, sobre todo, eficaces. Entonces, analiza la seguridad ciudadana en profundidad, con una visión orientada hacia las políticas públicas y alejada del demagógico tratamiento que suele recibir el tema, basado en ambiciones partidarias y/o en la incapacidad manifiesta de encarar el problema inteligente y estratégicamente. Debiera servir especialmente a quienes toman decisiones –legisladores– para reiterar la devaluada pero sobre todo ineficaz fórmula contenida en las últimas normas penales y las que se avecinan: “Más y más delitos, mayores penas y menores garantías”; pues como dijo Erbetta: “Cuando no se sabe cómo resolver un problema, nada mejor que vender la ilusión de su solución, y para ello, siempre vienen bien las reformas penales”.
Correo del Sur – Sucre