Juan Francisco Gonzales Urgel
Es indudable que el Decreto presidencial que obliga a las empresas al pago de un doble aguinaldo para fines del 2013 busca beneficios electorales. La analista política Jimena Costa señala en su cuenta de Facebook “al menos cinco objetivos: 1) Dividir al movimiento popular; 2) Destruir la pequeña y mediana empresa para controlar toda la economía; 3) fortalecer "lealtad" de empleados públicos; 4) recuperar agenda mediática y desviar la atención del Informe Coca – desvío Narco; y 5) realizar un "lavado" de recursos públicos para -a través del aporte voluntario- desviarlos a la campaña”.
Sin embargo, el “aguinaldazo” se inscribe entre los varios anuncios y medidas que el partido de gobierno -en transformación hacia el Partido-Estado- pretende instrumentar para hegemonizar el poder en todos sus niveles y esferas de acción.
Recordemos que al mentado Decreto le precedieron: a) la regulación de precios a través de EMAPA, b) la prohibición de algunas exportaciones y el establecimiento de cupos, para otras, c) la regulación de las tasas bancarias, d) una proyectada Ley de Investigación de Fortunas, y; e) la temporalmente abandonada Ley de Extinción de Bienes a Favor del Estado cuya posibilidad de ser incluida en una modificación de la CPE se habría “dejado abierta”, según declaraciones del Senador Rojas (Junio 2013, ERBOL), entre otros.
Destruir u obstruir la pequeña y mediana industria no es suficiente. El objetivo va más lejos, hacia las grandes unidades y cadenas de producción del país, tomados ya por presión o por “nacionalización” los llamados “sectores estratégicos” de la economía. (Comunicaciones (ENTEL), Construcción (Fábricas de Cemento), Transporte aéreo (Aerosur), etc.
El escenario fue ya explicitado por el Presidente Evo Morales durante una reunión de productores del Occidente realizada en la Gobernación de Oruro: "…Por tanto, poder comunal, poder sindical, pero también poder político. Y nuestra responsabilidad ahora es ir al poder económico, esa es la tarea” (La Patria, 03 de febrero 2011).
No se quedó atrás el Vicepresidente Álvaro García Linera: “…Con Evo no hay terratenientes, no hay hacendados, los medianos hacendados tienen ahora 4 millones de hectáreas y dónde ha ido esa tierra, para los indígenas, para los campesinos para los interculturales, para las comunidades’ (publicado en El Correo del Orinoco, 7 octubre 2013. SIBCI Sistema Bolivariano de Comunicación e información del Gobierno Bolivariano de Venezuela). Declaración que pareciera dar lugar a la pasividad del gobierno frente al avasallamiento de más de 50.000 hectáreas de campos en producción en el Departamento Santa Cruz.
Sector industrial y sectores agropecuarios tratando de salir a flote en un mar de imprevisiones y giros repentinos (salvo éstas que estamos exponiendo). Los legisladores del partido de gobierno, entretanto, se niegan a discutir una Ley de Inversiones que al menos en el papel, proporcione algún referente de seguridad jurídica.
La liquidación de activos a precios viles pareciera ser una salida que los operadores económicos políticamente comprometidos con el partido de gobierno están esperando para que el Estado-patrono se haga cargo de la toma del poder económico enunciada por el Presidente Morales. Pero nadie garantiza que en este río revuelto, quienes saquen mayor provecho no sean los grupos narcotraficantes poseedores de grandes recursos financieros, y al parecer, de gran libertad de acción en el país. ¿O serán parte del negocio?
Fatídicos tiempos nos esperan.