Lizandro Coca Olmos
Las últimas declaraciones de representantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no hacen más que confirmar que una nube negra de dependencia e injerencia política oficialista permanece sobre la institución.
La difusión de declaraciones y actividades políticas, así como de datos de encuestas y sondeos de opinión, son herramientas a través de las que la ciudadanía se informa respecto de los asuntos de la comunidad, las distintas perspectivas desde las que se miran y las diferentes soluciones que se proponen.
Los ciudadanos bolivianos tenemos derecho a “acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva.” (Art. 21 núm. 6 CPE) Dicha información no sería accesible si políticos, opinadores, medios de comunicación y comunidad en general no tuviéramos el derecho de “expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva.” (Art. 21 núm. 5 CPE)
Es un total despropósito que el TSE pretenda sancionar las campañas políticas aduciendo el argumento de que estas sólo podrían ser practicadas durante los noventa días a partir de la inscripción de candidaturas hasta tres días antes de las elecciones.
Más aun, es totalmente hipócrita y un intento de tratarnos como a mentecatos, cuando todos sabemos que los millones de dólares que el gobierno invierte en “publicidad” de su gestión es, en realidad una forma velada de campaña política. ¿O es que alguien cree que somos tan ineptos como para no percatarnos de que el mensaje es “somos un gran gobierno, mire las maravillas que hacemos por usted, quédese con nosotros”?
Cuando vemos spots “publicitarios” de los ministerios y de los logros de las empresas públicas; cuando se difunde discursos, mensajes, entregas de cheques y entregas de obras; cuando se transmite spots del lanzamiento de un satélite o del inicio del tendido de cables para un teleférico, es obvio que no sólo se trata de información, sino también de campaña política.
Al decir esto no estoy criticando la eterna campaña gubernamental, sino estableciendo un argumento por la defensa de la premisa de la libre información, que debería traducirse en libre circulación y difusión de datos, opinión, declaraciones y actividad política.
De acuerdo a un estudio de estudio de Aida Zuazo y Mauricio Vásquez del diario El Deber, publicado en www.economiabolivia.net sólo el Ministerio de Comunicación gastó en “publicidad”, en el año 2013, más que cualquier empresa privada, superando, con un dispendio de más de 17 millones de dólares, a la Cervecería Boliviana Nacional (13,3 millones) y Unilever (8,8 millones).
La “publicidad” de las instituciones públicas las más de las veces tiene como principal objetivo el político antes que el informativo, por lo que es realmente ridículo hacernos a los que la prohibición que se pretende no está destinada a perjudicar a los que no tienen ministerios, empresas públicas y canal estatal para quedar bien ante el electorado.
Sabíamos, también, que el partido de gobierno había designado a simpatizantes y afines para ser vocales del TSE, pero bien harían ellos en disimular un poco y no tratarnos como a mentecatos.