El vicepresidente Álvaro García Linera ha pretendido cerrar el escándalo con explicaciones que no convencen. Antes bien, son intentos de negativa que terminan confirmando las denuncias.
Para comenzar, ha quedado plenamente ratificado que la cuñada del vice tiene un contrato millonario con la empresa estatal BOA, y de nada vale que, como dice haber instruido el segundo mandatario, se rescinda dicho convenio. El delito cometido no desaparecerá con esa acción.
Luego tenemos que los argumentos esgrimidos por García Linera, alias Qananchiri, se derrumbaron en menos de 24 horas.
Alegó el vice que Air Catering consiguió su contrato por licitación, pero rato después resultó (involuntariamente) desmentido por Olga Haydee Osorio, socia de su cuñada, quien indicó que la línea aérea estatal les otorgó el servicio por invitación directa.
Arguyó también Qananchiri que no habría nada ilegal por tratarse de una pariente en segundo grado de consanguinidad, pero sucede que, como bien señala el constitucionalista y ex parlamentario Wálter Arrázola, el hermano del vicepresidente, Mauricio García Linera, también sería propietario de las acciones de Air Catering por la comunidad de bienes gananciales. Estamos hablando, entonces, de primer grado de consanguinidad.
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Todo esto lleva a preguntarnos: ¿es un caso aislado o la punta del iceberg de una práctica implementada por el vicepresidente en diversas áreas del Estado?
Lo cierto es que el BOAgate parece confirmar la delación del ex zar anticorrupción Fabricio Ormachea, que en el famoso video grabado por el FBI sindicaba a García Linera de ser el “cerebro pensante” de varios atropellos a la legalidad…