Prófugos, detenidos o promovidos, así acabaron un total de 13 fiscales de los distritos de La Paz y Santa Cruz, que ingresaron al Ministerio Público en 2005 y que actuaron en casos delicados, en los que se involucró el Gobierno del presidente Morales.
‘Redención’ o ‘destierro’ para los superfiscales que actuaron con el Gobierno
Es paceño y llegó a Santa Cruz como fiscal de distrito. Lo involucraron en denuncias de extorsión.
Marco Chuquimia, EL DEBER / LA PAZ
Prófugos, detenidos o promovidos, así acabaron un total de 13 fiscales de los distritos de La Paz y Santa Cruz, que ingresaron al Ministerio Público en 2005 y que actuaron en casos delicados, en los que se involucró el Gobierno. Los propios exfiscales aseguran que la injerencia de los partidos políticos en las fiscalías fue una constante y que esa intromisión no cesó con el actual Gobierno.
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En el distrito de La Paz se menciona a 11 fiscales, dos de los cuales están prófugos, otros dos están detenidos y siete buscaron acomodarse dentro el mismo órgano judicial y bajaron el perfil para evitar mayores conflictos; en los estrados judiciales informaron que no existen casos o procesos visibles en contra de ellos.
Los que fugaron
Entre los dos prófugos se menciona a Marcelo Soza, quien atendió el polémico caso terrorismo en su fase de investigación y aunque logró que se instale el juicio, luego abandonó el proceso cuando lo acusaron de extorsionar a los sindicados y le iniciaron una investigación en el Ministerio Público. Después de haber renunciado, huyó del país y pidió refugio político en Brasil.
El segundo prófugo es el fiscal Harry Suaznabar, un abogado que accedió a ese cargo en 2005 y encabezó la investigación de tres temas delicados: las ‘visas chinas’, que involucraba a parlamentarios y autoridades del actual Gobierno; este caso fue su ‘carta de presentación’, revelaron sus colegas.
El segundo caso que le asignaron fue el de ‘gastos reservados’, que involucraba a autoridades de gobiernos anteriores al de Evo Morales; casi en seguida, Suaznabar se hizo cargo de la investigación sobre el ciudadano alemán Dirk Smith y el ex- viceministro de Gobierno Gustavo Torrico; este proceso ya pasó por las manos de otros cuatro fiscales, según los propios implicados sin ninguna acusación.
Finalmente le dieron el caso “terrorismo II” sobre el supuesto financiamiento al grupo de Eduardo Rózsa, hasta que fue denunciado como miembro de una presunta red de extorsión y aprovechó su matrimonio para salir del país y no volver; el último destino conocido ha sido España.
Los detenidos
Cuando el Ministerio Público cruceño comenzó a ser ocupado por fiscales paceños, llegaron a Santa Cruz Isabelino Gómez y Edward Mollinedo. Ambos tenían mucho poder en La Paz porque estuvieron a cargo de los casos más delicados de ese momento: como de Catler Uniservice por el que está preso Santos Ramírez. Se los premió con la designación como principales autoridades del Ministerio Público cruceño. Gómez fue nombrado fiscal de distrito y Mollinedo fue coordinador general de fiscales.
Antes, Isabelino Gómez también intervino en el caso llamado ‘archivos secretos’, en 2010, en el que se involucró al exdictador Luis García Meza y al fallecido expresidente Hugo Banzer. En esta investigación, Gómez actuó junto con el fiscal paceño Eduardo Morales.
También estuvo a cargo del caso ‘Porvenir’, que tiene como acusado al ex prefecto pandino Leopoldo Fernández. Gómez no siguió adelante con este proceso porque fue entonces cuando recibió la designación para trasladarse a Santa Cruz.
De inmediato convocó la presencia de Edward Mollinedo, que estuvo investigando el caso Catler Uniservice. Los abogados que aún trabajan en la Fiscalía paceña revelaron que quien debía asumir la Fiscalía de Distrito cruceña era Mollinedo, pero fue observado por el fiscal general del Estado, Mario Uribe, quien dijo que el aludido tenía procesos disciplinarios pendientes y nuevas denuncias en su contra. Por eso, el nombramiento fue a Gómez y se puso a Mollinedo como su segundo al mando.
Esta semana se conoció una declaración de Isabelino Gómez en la que revela que el gabinete jurídico del Gobierno coordinaba con los fiscales.
La caída
El caso del ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher destapó todo el escándalo de extorsión y tanto Gómez como Mollinedo fueron acusados de extorsionar al extranjero, por lo que fueron enviados a la cárcel de Palmasola. Hoy continúan buscando su libertad.
Los premiados
Hay otro grupo de fiscales que trabajó en casos del Gobierno y que luego logró “bajar su perfil”, por lo que hoy tienen un destino distinto al de sus colegas encarcelados.
Es el caso del exfiscal César Augusto Romano, que era parte del grupo de Isabelino Gómez. Romano, junto con Edward Mollinedo, investigó y procesó a la exministra de Defensa Legal del Estado Cecilia Rocabado por una supuesta firma de preacuerdo con la italiana ETI que tenía acciones en la nacionalizada Entel.
La ministra fue destituida y acusada de no informar sobre sus acciones al Gobierno, luego de ese caso, Romano accedió sorpresivamente a la flamante Procuraduría General del Estado como subprocurador y permanece en ese cargo desde 2011, cuando fue posesionado por Hugo Montero; los colegas de Romano creen que ese fue su ‘premio’.
Esta autoridad se niega a comentar sobre este proceso cuando es consultado por esa polémica investigación; mientras que la exministra Cecilia Rocabado no contestó su teléfono y en su oficina indicaron que tiene tareas recargadas y que no puede responder.
Otro exfiscal que ahora está con ‘bajo perfil’, pero dentro del mismo Órgano Judicial, es Félix Peralta, que estaba a cargo de un caso considerado ‘especial’ por el Gobierno. Se trata de la investigación sobre ‘gastos reservados’. Peralta causó polémica porque acusó al exdefensor del pueblo Waldo Albarracín y al propio Cardenal Julio Terrazas de haberse beneficiado con dinero de los gastos reservados. Hoy, este exfiscal es vocal de la Corte Departamental de Justicia de La Paz.
Dentro de esta nómina, los fiscales mencionan a Eduardo Morales, que ya accedió a su jubilación por disposición de la nueva Ley del Ministerio Público, que pone límite de edad para los fiscales de materia.
Morales es uno de los más antiguos representantes de la Fiscalía y estuvo a cargo del caso Porvenir desde sus inicios, hasta que fue remplazado por la nueva normativa del Ministerio Público.
Retirada
También está la exjueza y exfiscal de Distrito de La Paz Betty Yañíquez, que tuvo bajo su jurisdicción varios casos polémicos: terrorismo I, Porvenir, gastos reservados, Catler Uniservice y la explosión de una planta de gas en Villa Montes. Después de enviar a la cárcel a varios opositores, Yañíquez fue designada fiscal de Distrito. Hoy prefiere el anonimato
Los casos y sus detalles
La principal cabeza
Todas las fuentes consultadas señalan a Jorge Gutiérrez, exfiscal de Distrito de La Paz, como el que formó los equipos que después conocieron casos delicados.
Procesado y detenido
Jorge Gutiérrez ha estado preso, acusado por la venta de cargos dentro de la Fiscalía.
Equipo poderoso
Ese era el denominativo para los fiscales y abogados del Ministerio de Gobierno entre 2005 y 2011.
Anonimato
Ninguno de los abogados, exfiscales o exjueces que fueron consultados quisieron que se los identifique en sus declaraciones.
Encuentros
Mollinedo, Gómez y Suaznábar fueron protagonistas de encuentros con diputados del MAS y abogados del Ministerio de Gobierno.
ARGUMENTO
Al ser entrevistados sobre esos encuentros, decían que se trataba de ‘tareas de coordinación’.
Fiscalía general
Las fuentes del Ministerio Público señalan que el Fiscal general conocía de las denuncias, pero no tenía poder para hacer cambios.
REVELACIONES
Isabelino Gómez confirmó la existencia de un gabinete jurídico en el Poder Ejecutivo, que se reunía con los fiscales.
Jueces
El expolicía Fabricio Ormachea denunció en EEUU, en un video grabado por el FBI, que hay jueces que fallan de acuerdo al pedido del Gobierno.
Subordinados
Las fuentes critican a los fiscales que se muestran al lado de autoridades del Gobierno, considerando que eso mella su independencia y creen que es la señal más clara de sumisión.
“Rebeldes”
Los fiscales que no accedieron a ‘coordinar’ con el Gobierno fueron relegados en sus cargos.
Desaparecido
El único fiscal que se fugó y contra quien no existe una acusación formal es Harry Suaznábar, que investigó a varios dirigentes políticos de oposición.
Consultora
La exfiscal de Distrito de La Paz y exjueza Betty Yañíquez ahora es consultora particular y trabaja para la Vicepresidencia.
Abogado particular
Jorge Gutiérrez fue fiscal de Distrito y ahora ejerce su profesión de manera libre. Se niega a dar entrevistas.
De juez a fiscal
El exfiscal de Distrito y también exjuez Williams Dávila también ejerce la profesión libre.
FISCAL GENERAL, EN LA MIRA DE LOS OPOSITORES Y DE LOS OFICIALISTAS
La designación de fiscales y sus consecuencias es la típica prueba de la injerencia del Gobierno en el Ministerio Público, dijo la diputada opositora Norma Piérola y afirmó que el caso del fiscal general, Ramiro Guerrero, también es una muestra de premiación por las acciones.
Y dijo que el actual fiscal de Distrito de La Paz, José Ángel Ponce, también fue premiado por sobreseer al exministro de Gobierno Sacha Llorenti.
Para el MAS, la selección de autoridades que se presentaron como postulantes al cargo de fiscal general, es la mejor prueba de la independencia de ese ente, dijo la senadora Sandra Soriano.
Afirmó que los fiscales que están presos o prófugos revelaron su escasa formación ética y cometieron delitos; y por el contrario, aquellos que se aplicaron tuvieron las posibilidades de acceder a cargos que son atribución del Ministerio Público.
ANÁLISIS
Es un momento sumamente crítico para la justicia
ROLANDO VILLENA – DEFENSOR DEL PUEBLO
Esta situación lamentablemente es otra de las señales de descomposición del Órgano Judicial, de un sistema que no funciona como debería. Evidentemente, cuando se encontraron hechos con denuncias concretas, además con argumentos y fundamentos contra fiscales, estos, en lugar de haber sido objeto de una investigación, fueron archivados; simplemente para ellos la justicia no existe, de manera tal que el tema relacionado con los operadores de la justicia, llamense fiscales o jueces, es un tema pendiente.
Y la sociedad civil, así como la Defensoría del Pueblo, muchas veces nos convertimos en testigos todavía silenciosos; sin embargo, hay que ejercer mayor presión para que ningún caso que viole los derechos humanos o que vulnere la seguridad de los ciudadanos y que sea perpetrado por algún fiscal se repita. Esto tiene que ser procesado de acuerdo a las leyes, si no tendremos más de lo mismo y todos tratarán de empañar las cosas. Esto no puede continuar de la manera como es conducido.
Como institución haremos todo el seguimiento de los casos porque es nuestra labor, sobre todo en los procesos que han sido de conocimiento público y que fueron denunciados por la Defensoría. Vamos a hacer un estricto seguimiento si queremos que la justicia empiece a dar señales de sancionar a quienes son los responsables de tanta humillación y tanto desconocimiento a las propias leyes y que actuaron apartándose de todo el ordenamiento jurídico vigente.
Ellos mismos son los que se oponen, en primer lugar, para mejorar, por eso estamos en un momento profundamente crítico para la justicia.