Alistan los documentos para acudir en junio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los sobrevivientes se quejan por retardación de justicia y por el abandono que sufren las víctimas
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El hijo, el hermano, el compañero, todo eso se fue durante el conflicto. Foto: Rodrigo Urzagasti
Aideé Rojas / Sucre – [email protected]
Familiares de los sobrevivientes y de los fallecidos en los enfrentamientos de La Calancha perdieron la fe en la justicia boliviana, por ello ahora miran hacia los tribunales internacionales en busca de sanciones para los responsables que segaron la vida a tres personas en 2007 y, para el Gobierno, en caso de comprobarse que hubo obstaculización en el proceso judicial.
La herida que causó la lucha por la capitalidad durante el debate en la Asamblea Constituyente aún no cicatriza. Hoy se hace más intenso cuando Chuquisaca celebra 205 años del grito libertario y las víctimas que defendieron a Sucre como capital plena de Bolivia están en el olvido. Pero al mismo tiempo la efeméride alimenta el sueño de cuatro sobrevivientes de La Calancha que se anexaron al proceso iniciado por los familiares de los caídos para que su caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
No se buscan reconocimientos ni estatuas en honor a las víctimas. La lucha es para que los culpables de los hechos sangrientos sean enjuiciados y condenados, afirmó Juan Cardozo, hermano del extinto estudiante de Ingeniería Civil José Luis Cardozo Lazcano, cuya vida se apagó con una bala en La Calancha.
Ariel Coronado, abogado de las víctimas, anunció que en los próximos dos meses enviarán la documentación del proceso judicial a la CIDH para que investiguen el caso. La decisión fue asumida después de que la Fiscalía General ordenara la paralización del proceso mientras no haya una autorización congresal para enjuiciar al entonces ministro de Gobierno, Alfredo Rada, y se negara el requerimiento fiscal para que la Policía informe si el capitán Jhonny Andrade estaba asignado a Sucre en la época del conflicto.
“La Corte Interamericana ha manifestado que cuando no hay la voluntad estatal de averiguar la verdad de los hechos, los ciudadanos podemos acudir a esa instancia”, adujo Coronado.
Al respecto, el senador Marcelo Antezana (CN) anunció que planteará ante la Fiscalía una proposición acusatoria en contra del presidente Evo Morales por las muertes de La Calancha, cuyo primer proceso, está estancado en el Congreso.
Caso 24 de mayo
El pedido de justicia por los hechos de La Calancha no es el único que aflige a los chuquisaqueños, que entre agosto y noviembre de 2007 se enfrentaron a las fuerzas del orden para que Sucre sea reconocida como capital plena de Bolivia en el texto constitucional; también está el proceso 24 de mayo por la agresión racista contra campesinos.
Es tanto así que ayer la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, pidió más celeridad para el caso de racismo, mientras que apenas mencionó a los muertos del conflicto por la capitalidad.
En esta investigación, el sistema judicial sí avanzó, pues las opositoras ex alcaldesa sucrense Aydée Nava y la ex prefecta chuquisaqueña Savina Cuéllar son las principales acusadas por supuestas vejaciones a indígenas y alzamientos armados el 24 de mayo de 2008, cuando un grupo de personas impidió el arribo del presidente Evo Morales a Sucre para el aniversario departamental. Hoy están con medidas cautelares. En ese proceso también está incluida la ex constituyente masista Epifania Terrazas.
Los reparos a este juicio no son porque haya personas con medidas sustitutivas ni se reste valor a la agresión que sufrieron los campesinos, dijo Coronado, que también defiende a Nava y a Cuéllar, sino porque el poder Ejecutivo y el Poder Judicial no dan el mismo valor a los hechos sangrientos de La Calancha que segaron la vida a tres personas y causaron centenares de heridos.
Similar criterio tiene Antonio Jesús Mendoza, que en 2008 fungía como ejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL), y observa el seguimiento permanente y apoyo que da la representación de Derechos Humanos de Chuquisaca a la parte denunciante. “En este caso, que no hubo ni un solo muerto, Derechos Humanos está interesado en que el proceso avance y en el de La Calancha ni se pronuncia”, reclamó Mendoza.
El fiscal del Distrito de Chuquisaca, Roberto Ramírez, explicó que pese a la cantidad ‘exorbitante’ de excepciones y abuso de este recurso legal a fin de dilatar el proceso, está en la etapa de presentación de pruebas de cargo por parte del Ministerio Público y después será el turno de las víctimas y querellantes.
De a poco rehacen sus vidas
Ricardo Durán es uno de los sobrevivientes de La Calancha y desde hace un año intenta rehacer su vida con normalidad. Volvió a las aulas de la Universidad Francisco Xavier para concluir la carrera de Derecho y, paralelo a eso, busca ayuda para costear una segunda prótesis para su brazo derecho.
En situación similar está David Soliz Soria, que sobrevivió a un impacto de bala en la cabeza. Producto de la refriega estuvo dos veces en terapia intensiva, luego de pasar en tres oportunidades por el quirófano. En la época de los enfrentamientos estudiaba Contaduría Pública, pero debido a las secuelas que causó el balazo decidió cambiar los números por la leyes.
Por otro lado está la familia del extinto estudiante José Luis Cardozo Lazcano. A pocos meses de su fallecimiento, su madre, Natalia Lazcano, sufrió una embolia y perdió la movilidad de la mitad del cuerpo. René Durán, padre del universitario Gonzalo Durán, tiene trabajos esporádicos en los cementerios municipales
Fuente: eldeber.com.bo